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Guelaya y Melilla ConBici denuncian que la población está “desprotegida” ante la contaminación acústica

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Las dos asociaciones vuelven a unirse para solicitar la elaboración de un “mapa de ruidos” que permita adoptar medidas correctoras en materia de contaminación acústica, ya que, según señalan, “es de aplicación tanto en el PMUS como en el PGOU”. Guelaya Ecologistas en Acción y Melilla ConBici lamentan que los altos índices de ruido tienen numerosas consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas. Ambas entidades apuntan a que la actual normativa se encuentra obsoleta y piden la actualización de las ordenanzas de protección del medio ambiente, ya que “la población se encuentra desprotegida en casos de contaminación acústica”. Guelaya Ecologistas en Acción y Melilla ConBici piden conjuntamente que se elabore “un mapa de ruidos”. Ambas entidades trasladaron al Gobierno local esta petición hace cuatro años aproximadamente, y aún continúan reclamando su ejecución.

Según argumentan, “un mapa de ruidos posibilita la adopción de medidas correctoras en materia de contaminación acústica, lo que es de aplicación tanto en el PMUS como en el PGOU”. Además, ambas entidades subrayan que la contaminación acústica tiene múltiples consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas, tales como el malestar y estrés, los trastornos del sueño o la pérdida de atención, entre otras.

Las dos asociaciones ecologistas destacan que Melilla posee unas “Ordenanza de protección del medio ambiente frente a la contaminación por ruidos y vibraciones” que datan de 2010. En este aspecto, denuncian que la normativa “no ha sido adaptada a los criterios de la legislación nacional básica todavía, por lo que hay que considerarla obsoleta”. Además, lamentan que la intención de hacerlo por parte de la Ciudad Autónoma “se manifestó hace más de 2 años”.

La conclusión a la que llegan las dos entidades sostenibles es que no existe “normativa específica en vigor en la ciudad”, lo que implica, según señalan, que no se pueda sancionar a nadie en función de un reglamento obsoleto, “por lo que la ciudadanía se encuentra desprotegida en casos de contaminación acústica”.

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Redacción

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