Organizaciones que representan a los sectores ambiental, de consumidores, social y empresarial, entre las que se encuentra Guelaya-Ecologistas en Acción, han enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy para expresar su preocupación por la "situación de indefensión a la que el Ejecutivo está sometiendo a los autoconsumidores que, para contribuir a la imprescindible revolución renovable y a la lucha contra el cambio climático, decidieron optar por el autoconsumo eléctrico en sus hogares o negocios en los últimos años". El próximo 11 de abril, miles de instalaciones de autoconsumo en España podrían quedar "abocadas a un limbo legal muy cercano a la ilegalización, de acuerdo con lo establecido por la normativa que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, la más restrictiva del mundo", indican estas entidades. Según explican, el texto legal fija esa fecha como límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor del decreto se adapten a su articulado. De lo contrario, serán declarados ilegales y podrían sufrir multas de hasta 60 millones de euros, además de tener que pagar "el injustificado 'impuesto al sol'".
Las organizaciones firmantes denuncian que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que fraguó el Real Decreto de anti-autoconsumo y sus sanciones, "está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, poniendo de nuevo a los autoconsumidores entre la espada y la pared".
Advierten de que quedan pocos días para que finalice el plazo fijado para registrar las instalaciones existentes a la fecha de aprobación del decreto, y sin embargo, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas para modificar las instalaciones. "Las compañías eléctricas, por su parte, mantienen criterios distintos en cuanto a la aplicación de las normas de conexión".
Las entidades piden al presidente que arregle "el caos" y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, por lo menos hasta final de año.
