Hasta hace unos años ante situaciones o decisiones polémicas los gobernantes disfrutaban de algún respiro. Se tomaban su tiempo para reflexionar. Hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. Los medios digitales y algunos canales de televisión que han hecho del "agit prop" el ADN de sus retransmisiones en directo estresan a los políticos. No hay tregua ni tiempo para la reflexión, para no dejarse llevar por las reacciones en caliente.
Tras conocerse el fallo (polémico) del Tribunal Supremo sobre las hipotecas el Consejo de Ministros que se celebrará el jueves (en Madrid es fiesta el viernes), pondrá en marcha cambios vía decreto en paralelo con la Ley Hipotecaria. El propio Presidente Sánchez publicita la medida anunciando que será la banca quien tendrá que pagar el impuesto.
La sentencia ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos que han visto cómo el cambio de criterio del Supremo favorecía a los bancos. La "banca gana" es el sentir general y así está siendo recogido por los medios. También los políticos han entrado en el asunto. Ningún partido quiere quedar como defensor de los bancos. Y el Gobierno, como decía, tampoco quiere quedarse atrás. A eso me refería al señalar que en nuestro días las decisiones políticas no nacen del sosiego, las impulsa la temperatura social que crea la calle y los nuevos medios y maneras de comunicación.
Es difícil, por no decir imposible, guardar distancia frente a un hecho sobre el que todo el mundo tiene formada una opinión, como es el caso del último fallo del Tribunal Supremo, pero también es fácil dejarse arrastrar por la demagogia. Porque si analizamos la cuestión de fondo, resulta que los bancos cobran el dichoso impuesto en cumplimiento de una ley que así lo determina. Pero no se quedan con el dinero. El dinero que les cobran a los clientes que han tomado una hipoteca por el acta jurídico de registrarla va a parar a las Comunidades Autónomas. Llamativo resulta el silencio de sus responsables políticos, salvo en el caso de Navarra. Sorprende menos el oportunismo político de quienes aprovechan el fallo (nunca mejor dicho) del Tribunal Supremo para tirar contra uno de los pilares del sistema.
