El Presidente de la Comisión Europea Sr. Juncker ha presentado el 26 de noviembre de 2014 en el Parlamento Europeo un plan de inversiones estratégicas en Europa que España, y las grandes empresas de ingeniería y construcción, van a seguir con atención.
El nuevo Presidente de la Comisión, Sr. Juncker, ha superado, nada más tomar posesión, la moción de censura que le han presentado en el Parlamento Europeo parlamentarios euroescépticos y de extrema derecha e izquierda… …que ha sido rechazada por 461 votos frente a 101 a favor; la moción se ha basado en el hecho de que cuando fue Presidente de Luxemburgo, dicho país convino una tributación beneficiosa con sociedades multinacionales, allí domiciliadas.
Superado el escollo, ha presentado el plan de inversiones, ante el recién constituido Parlamento Europeo, que tiene interés en que la economía europea se dinamice y crezca con más intensidad. El Sr. Juncker pretende que las inversiones sean financiadas, esencialmente, por inversores privados, porque, como ha dicho, el gasto público de los estados debe destinarse a “financiar nuestros colegios y los sistemas de protección social y no para mantener o aumentar la deuda” de los países. La presentación de este plan de inversiones ofrece tres aspectos, a nuestros efectos.
En primer lugar es la prueba de que el Parlamento y la Comisión Europeas son conscientes de que la economía europea necesita inversiones para dinamizarse. Preocupa que Europa tenga poco crecimiento económico u oscilen las economías nacionales entre cero y el ±1% del respectivo PIB. En concreto, existe temor por el pobre crecimiento de Francia y de Italia, y por la necesidad de reformas para romper el círculo vicioso de alta tributación, mucho gasto público y poca inversión. España, que está creciendo al 1,5% año, también necesita inversiones para crecer con más fuerza y reducir el paro existente del 24% de la población activa.
El segundo elemento que ofrecerá el plan es la condición de que los países europeos cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para recibir tales grandes inversiones. En efecto, hay que seguir haciendo esfuerzos de contracción del gasto público pues ni la Comisión Europea ni el Banco Central Europeo van a ceder en el objetivo del déficit comprometido por cada país para 2015, 2016 y 2017. Recordemos que el déficit comprometido por España es 4,2% del PIB en 2015 y por debajo del 3% para 2016 y, según la Unión Europea, el presupuesto para 2015 y 2016 tiene riesgo de incumplimiento, considerando que en 2015 llegará al 4,6% y en 2016, al 3,90% que exceden lo pactado. Los tres países citados ya han sido advertidos por la Comisión de que deben tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit ante los riesgos de incumplimiento. Por ello, aquí hemos de aludir a que los presupuestos de las Comunidades Autónomas deben ajustarse en 2015 al déficit asignado; sin embargo, el presupuesto para 2015 remitido por el gobierno de Cataluña al Parlament para su aprobación, presenta, de entrada, un déficit de 2.500 millones de euros que, pretende el Gobierno de Cataluña, sea cubierto con cargo a una hipotética deuda histórica contra el Estado; que incluyó el Estatuto de Autonomía que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en ese punto. Realmente, es el anuncio y confirmación de la irresponsabilidad política, social y económica de ese gobierno autonómico.
Por ello, debemos cumplir con el condicionante del objetivo de déficit para recibir ayudas e inversiones, porque nos jugamos mucho. Esta condición es habitual en las negociaciones europeas por lo que España, que necesita de esta macroinversión, no puede fallar. Por ello el Gobierno español debe seguir haciendo las reformas tantas veces repetidas y no ejecutadas: desde reducir el tamaño de las Administraciones Públicas, sus múltiples organismos y competencias yuxtapuestas; a la de adoptar medidas de buena gestión del gasto sometiéndolo a control preventivo, auditorias, interventores y Tribunal de Cuentas; y también eliminar tantas subvenciones improductivas y descontroladas, etc.
Finalmente el tercer elemento se refiere a la financiación y a los proyectos sobre inversiones estratégicas en transporte, energía, I+D y redes digitales, pendientes de definir. El plan de inversión para los próximos 2015, 2016 y 2017 se va a ejecutar creando un Fondo de 315.000 millones de €, gestionado por el BEI , con aportación inicial de dinero de la U.E. de 21.000 millones a modo de palanca y el resto con aportación privada y financiación percibida por el BEI. Además, las inversiones no van a ser computadas como déficit y deuda de los estados miembros, ni supondrá aumento presupuestario de la UE.
En otras ocasiones proyectos análogos de la UE no han conseguido ser desarrollados, pero parece que ahora hay consenso general y voluntad seria. Precisamente, en el ámbito del transporte de energía, España puede requerir la asignación de recursos a proyectos para conectar con Europa las líneas de energía y las conducciones de gas que atraviesan nuestro país. El momento es propicio por la necesidad de disponer de suministros alternativos del gas procedente de Rusia por razones de estrategia política y económica, por la crisis de Ucrania. En la próxima cumbre europea de diciembre se va a avanzar y España, necesitada de impulso inversor, debe volcarse, y para, hacerlo fácil, hay que continuar con las reformas: reducir el intervencionismo público en la economía, que frena muchas inversiones, avanzar en la unidad interior de mercado y eliminar trabas normativas y burocráticas.
CONCLUSIÓN: El plan europeo para inversiones estratégicas prevé la inversión de 315.000 millones de euros en los próximos tres años para impulsar en Europa el crecimiento económico y la creación de empleo. España necesita de proyectos en transporte, energía e investigación, y para ello, debemos cumplir el objetivo de déficit comprometido y avanzar en las reformas legales y económicas que hagan atractiva la inversión en nuestro país. Aparece una gran oportunidad.
