La Fiscalía cree que podrían haberse cometido supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en una convocatoria de ayudas a empresas que impulsó la Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana a finales del año pasado, tal y como indica la fiscal jefe de Melilla, Laura Santa Pau, en un decreto sobre diligencias de investigación penal al que ha tenido acceso MELILLA HOY.
En concreto, la investigación se refiere a un programa de ayudas del área de Distritos, dotado con dos millones de euros, para facilitar el acceso al mercado laboral y fomentar la estabilidad de la contratación de las personas jóvenes que carezcan de experiencia laboral o sean personas jóvenes desempleadas de larga duración.
El PP presentó en marzo de este año una denuncia ante la Fiscalía por considerar que se podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía entiende ahora, en su decreto de finales de septiembre, que los hechos “pudieran ser constitutivos” de dichos delitos e insta a que uno de los juzgados de instrucción de la ciudad se haga cargo del caso para esclarecerlos.
Asimismo, en su escrito, la fiscal jefe pide al consejero de Distritos, Juventud, y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed, que le remita una serie de documentación que, según indica, ya le ha solicitado sin éxito en tres ocasiones anteriores. Por ello, le advierte de que, en caso de no atender la petición, podría incurrir en una desobediencia grave a la autoridad.
En concreto, pide una copia del expediente administrativo íntegro de la subvención del programa de subvenciones, las bases reguladoras y los expedientes individuales de cada empresa beneficiaria y la resolución administrativa de cada expediente de concesión de subvención.
La denuncia del PP
El PP ha criticado en varias ocasiones la forma en que se desarrolló esta convocatoria de ayudas para facilitar el acceso al mercado laboral entre jóvenes sin experiencia o que fueran desempleados de larga duración.
En su denuncia, acusa al consejero de Distritos de haber dictado una resolución administrativa “ilegal, grosera y arbitraria a sabiendas de su ilegalidad” y denuncia que no le han facilitado los expedientes de las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias.
Además, según el PP, las empresas interesadas tenían de plazo para presentar sus solicitudes hasta el 30 de diciembre, cuando el consejero debía resolver esos expedientes de concesión de subvenciones el 31 de diciembre, un solo día y, además, inhábil en la administración, en el que el director general “debía comprobar toda la documentación aportada en cada uno de los expedientes, asegurarse que cada uno de los beneficiarios cumplían todos los requisitos exigidos en las bases de convocatoria, calcular los importes que correspondían a cada beneficiario, realizar las propuestas de concesión de subvención correspondientes a cada beneficiario y, después de todo esto, formalizar la resolución de todas las subvenciones”. Unos trámites que “normalmente se realizan en varias semanas” y que “es materialmente imposible la formalización de todos los trámites que exige la Ley”.
Además, según la denuncia del PP, en la convocatoria “aparecen como beneficiarias empresas, que con tan solo uno o dos trabajadores en su plantilla, contratan entre 8 y 10 trabajadores”, y ello a pesar de que “las dimensiones de los establecimientos donde desarrolla la actividad empresarial, en algunos casos, es prácticamente imposible que quepan tantos trabajadores”.
