El rifirrafe entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Senado a cuenta de los Presupuestos del Estado, ha marcado la semana política. Un debate que desgraciadamente ha pasado inadvertido para la mayoría de los españoles. Pero no se preocupen mis pacientes lectores porque no voy a adentrarme en el proceloso mundo de los números ni de las partidas presupuestarias.
Para eso les remito a las “juanolas y caramelos” de la Sra. Montero, a la sazón Ministra de Hacienda, que en el Congreso dio una lección de cómo se distribuye el dinero que una vez en las arcas del Estado “ya no es de nadie.” Lo relevante es que cada españolito debe saber que del fruto del sudor de su frente con que se ha ganado el pan, una buena parte se lo queda el Estado para destinarlo a lo “publico” a través de los presupuestos.
Nadie puede discutir que pagar impuestos es una necesidad y una obligación moral y jurídica. ¿Cómo podríamos haber vencido a la pandemia si los españoles no hubiéramos costeado en el 2020 los 5.822 euros de cada cama hospitalaria? ¿cómo se podrían financiar los 6.200 euros a que asciende el coste anual medio de un alumno en la educación pública? ¿cómo se podría sostener el Sistema Público de Pensiones si no es con los impuestos, las cotizaciones sociales y la deuda pública?
El problema que se debe plantear para los próximos años es si en las circunstancias actuales y las que se prevén en el futuro se podrá mantener nuestro Estado de bienestar. Es un hecho que el nivel de pobreza de los ciudadanos aumenta de una forma alarmante al mismo tiempo que disminuye su capacidad contributiva. La cuestión no se reduce a bajar los impuestos solamente, sino en buscar el modelo adecuado que permita también una reducción drástica del gasto público: “El equilibrio debe conseguirse mediante el recorte del gasto imprudente y no mediante la subida de la carga impositiva que ya se encuentra socavando los incentivos y la producción” (Henry Hazlitt)
Lo cierto es que el debate político se centra más en los ingresos o la carga impositiva que en lo que el gobierno hace con el dinero que recauda. Rendir cuentas al que paga no parece que políticamente interese pero es lo más relevante de la cuestión. ¿Acaso no lo interesa saber al contribuyente en que se han gastado los 400 millones destinados a RTVE o si los 600 millones de becas se han repartido entre las familias necesitadas?
¿Es que al ciudadano no le gustaría saber cuánto le cuesta de su bolsillo los asesores/as, viajes y campañas androfóbicas del ministerio de Igualdad o los de ministerios como los de Consumo, Universidades, Cultura, Sanidad o Derechos Sociales? ¿Saben los contribuyentes que sus competencias están transferidas a las CCAA y que están vacíos de contenido? ¿Saben los contribuyentes cuanto nos cuesta a los españoles mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa? Pregunten, señorías, pregunten…
