La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que Manos Limpias y la Asociación Libre de Abogados (ALA) habían presentado contra el archivo definitivo de la causa abierta al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por presuntos delitos de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001. De esta manera, se da “por concluida la vía judicial, archivando el caso como estaba acordado”. La resolución del recurso, a la que ha tenido acceso MELILLA HOY, fue dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado 14 de septiembre después de que Manos Limpias y la Asociación Libre de Abogados, que ejercen como acusación particular en el Caso Abogados, presentaran un incidente de nulidad en su recurso de apelación.
Ambas asociaciones basaban su recurso en cuatro supuestas vulneraciones, que según manifestaron, afectaban al juez ordinario, al hecho de no haberse dado traslado previo a la prescripción del delito, a utilizar los medios de prueba y falta de motivación en la denegación de vista, y por aplicación indebida de la prescripción.
«Pretensiones que no pueden ser asumidas», zanja el TS, que alude a la composición de la Sala de Admisión y Apelación; al hecho de que la prescripción «puede ser alegada de oficio», a que la acusación «confunde la apelación frente a una resolución del instructor, de la apelación frente a la sentencia»; y a la aplicación de los plazos en la prescripción.
Por ello, la Sala de lo Penal del Supremo procede a «inadmitir a trámite el incidente», ya que considera que Manos Limpias y ALA «se basan en argumentos de nulidad propios de un inexistente recurso, ajeno al incidente de nulidad». A ambas les dice que su única pretensión es «un nuevo examen de lo definitivamente acordado en el auto del 10 de julio», esto es, el archivo definitivo de la causa abierta contra Imbroda, dado que «no se ha producido vulneración alguna de derecho fundamental».
Declaración el 11 de marzo
Hay que recordar que Imbroda acudió a declarar ante el Supremo el pasado 11 de marzo. Aquel día, ante el juez Francisco Monterde, el presidente negó haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. «Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro», dijo.
Insistió en que no fue consciente de que estaba contratando un abogado cuando firmó en su favor un poder para pleitos, ya que se limitaba a rubricar las escrituras que le indicaban los servicios jurídicos.
