El Tribunal de Cuentas ha obligado a la Ciudad Autónoma de Melilla a abonar una serie de facturas correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022 por un valor total de 97.813 euros a la empresa mercantil ‘Servicios electrónicos y audiovisuales’ por la prestación de los servicios de mantenimiento de los centros de transformación y grupos electrógenos dependientes de la Ciudad Autónoma.
Según ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Daniel Conesa, este “problema” se ha generado debido a “la inconveniencia” o la “mala concepción” del contrato que regía este servicio, haciendo mención a un dictamen del Consejo de Estado “en el que se declara la nulidad de pleno derecho del contrato” adjudicado a la empresa.
Un argumento que ha rebatido la portavoz de CPM, Dunia Almansouri, que asegura que dichas facturas no se pudieron abonar en su debido momento por “cuestiones técnicas y administrativas” y no políticas, negando al mismo tiempo que dichas facturas impagadas sean “deudas”, ya que “el dinero estaba reservado” para que se abonara a la empresa, así como se iniciaron los trámites correspondientes para llevarlo a cabo.
En su turno de réplica, Conesa le ha afeado a la cepemista que dichas facturas impagadas son “un marrón más” que ha heredado el actual Gobierno del PP del anterior Ejecutivo formado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro. “Ha habido una serie de cuestiones, y algunas de una cuantía importante, que hemos tenido que solucionar en estos meses”, ha dicho, extendiendo la culpa al grupo socialista, cuya portavoz, Gloria Rojas, ha reaccionado indignada ante dicha mención.
Tanto Vox como el Grupo Mixto (Somos Melilla) han hecho un llamamiento a frenar esta dinámica de facturas impagadas.
