La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite una denuncia presentada contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como autoridad responsable de la Guardia Civil, por la actuación de los agentes que custodiaban la valla de Melilla durante un intento de salto protagonizado por más de 300 inmigrantes el 15 de octubre del año pasado. Hay que recordar que este intento de entrada masiva fue muy polémico, sobre todo por la guerra de vídeos que se produjo en los días siguientes y que empezó la ONG Prodein al denunciar la expulsión de un inmigrante aparentemente semi-inconsciente que fue conducido en volandas hasta la puerta de servicio por varios agentes de la Guardia Civil. La Delegación del Gobierno respondió después con otros vídeos en los que puso de manifiesto la agresividad empleada por los subsaharianos, que llegaron a amenazar a los guardias civiles con contagiarles el Ébola mediante orina y la sangre de sus heridas. Aquel salto masivo se prolongó durante varias horas en las que los inmigrantes estuvieron encaramados. Cinco de ellos y otros cinco guardias civiles resultaron heridos, uno de ellos un sargento del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) que cayó desde una altura de cinco metros tras recibir una patada de un subsahariano que se resistía a ser ayudado a descender, según manifestó el propio agente en una entrevista concedida a este Periódico.
La Delegación del Gobierno describió este salto como uno de los más tensos en la zona fronteriza. Grupos de subsaharianos que se aproximaron a la zona desde el monte Gurugú consiguieron superar a las fuerzas marroquíes y llegar hasta la valla sirviéndose de “una violencia inusitada, provistos de piedras, palos, cuchillos, ganchos, cuerdas y otros objetos contundentes”.
Un total de 140 emigrantes acabaron encaramados a la valla varias horas y mostraron “abierta actitud de violencia y hostilidad contra los agentes de la Guardia Civil, a los que lanzan parte de las ropas que vestían tras rociarlas previamente con gasolina y prenderlas fuego”. “Los forcejeos con los guardias han adquirido una violencia extrema”, indicó también la Delegación de Gobierno.
Denuncia de un abogado de Huelva
Este salto masivo fue denunciado ante el Tribunal Supremo por un abogado de Huelva, que acusó a los agentes y al ministro del Interior de delitos de coacciones, un delito contra los derechos individuales, cívicos, prevaricación y omisión del deber de socorro. Aseguraba que los guardias civiles golpearon a varios de los subsaharianos encaramados a la valla y devolvieron a muchos a Marruecos a pesar de que se encontraban heridos y sin proporcionarles asistencia médica.
El auto del alto tribunal indica que no existe “ni siquiera un mínimo e inicial nivel indiciario para atisbar algún tipo de responsabilidad penal” por parte del ministro. Indica al denunciante que, si lo estima conveniente, se dirija a los juzgados competentes en relación con la actuación de los agentes, sobre la cual no se puede pronunciar.
El comisario pidió una investigación
Hay que recordar que tras este salto, el nuevo comisario de Inmigración, Interior y Ciudadanía de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, pidió a España que investigara el “incidente” que se produjo el pasado 15 de octubre, cuando un joven migrante fue golpeado por agentes de la Guardia Civil mientras bajaba de la valla de Melilla a la que se había encaramado tras participar en un intento de salto junto a otras personas.
El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, respondió a través de MELILLA HOY que este salto masivo estaba en manos de la Fiscalía, con unas diligencias judiciales abiertas y “una investigación en marcha”, procedimiento abierto “a petición de una persona” de la que no especificó su identidad.
