El Tribunal Supremo decidirá este miércoles si suspende a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como pedía de forma cautelar el único vocal que votó en contra de su designación, Wenceslao Olea, y el secretario del Consejo, José Luis de Benito.
Está previsto que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncien sobre la medida cautelar -y no aún sobre el fondo del asunto- después de que el pasado octubre rechazaran la medida cautelarísima solicitada por Olea y De Benito en sus recursos.
En concreto, el vocal y el secretario del CGPJ impugnaron el acuerdo alcanzado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces para designar a Mozo –el vocal de mayor edad– su «presidente suplente», lo que supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, por cuanto el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del Tribunal Supremo (TS) desde que la renuncia de Carlos Lesmes de ambos cargos surtió efecto.
El conflicto sucesorio se desató el domingo 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del TS –cargos que ejerce la misma persona– ante la falta de avances tangibles en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había advertido durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión encargando al Gabinete Técnico del Supremo un informe en el que se avisaba que Marín Castán le reemplazaría automáticamente una vez consumada su renuncia, al ser él quien ejerce la Vicepresidencia del TS.
El CGPJ, sin embargo, designó a su propio presidente al considerar que Marín Castán carecía de legitimidad para asumir ambas presidencias porque ocupa la Vicepresidencia del Supremo de forma interina desde 2019. Por las mismas razones, los vocales concedieron que Mozo tampoco podrá actuar como máxima autoridad del TS.
