El PSOE sostiene que el dictamen aprobado este viernes por la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía concluye que la norma se está tramitando «con todas las garantías» y que su contenido «se enmarca dentro del Derecho constitucional español y también en el marco del Derecho Europeo».
Así lo ha señalado en declaraciones a la prensa la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, la socialista Isaura Leal, quien se ha desplazado a la ciudad italiana para asistir a la reunión plenaria que celebra allí este órgano del Consejo de Europa.
Leal ha destacado que el informe que esta comisión ha elaborado a instancias del PP se ha aprobado por «unanimidad» y se ha declarado «enormemente satisfecha» porque, desde su punto de vista, ha quedado acreditado que la proposición de ley que el Congreso ha enviado al Senado tiene cabida «en el marco del Derecho internacional y del Derecho europeo».
Según ha destacado, el dictamen de la comisión también señala que la ley es respetuosa con «el principio de igualdad» y la «separación de poderes» y que se ha tramitado «conforme a los procedimientos establecidos» y «con todas las garantías». A su juicio, la Comisión de Venecia deja así claro que no era necesario reformar la Constitución para aprobar una amnistía, como defendía el PP.
Preguntada sobre la interpretación que han realizado los ‘populares’ del dictamen aprobado en Venecia, que igual pasó cuando se conoció el primer borrador dista mucho a la que hacen desde el PSOE, Leal ha argumentado que se estaba limitando a trasladar lo que acababa de «presenciar» en el plenario.
Además, la diputada socialista ha reiterado su agradecimiento a los relatores de la comisión por las aportaciones que hicieron en su primer borrador y que han podido ser incorporadas a la proposición de ley.
«La ley la aplicarán los jueces y además cuenta con una mayoría parlamentaria que la acredita con el aval suficiente y social de la ciudadanía», ha enfatizado, incidiendo en que ha sido aprobada por «siete de los nueve grupos» que integran el Congreso, lo que, según sus cálculos, «representa el 80% de la ciudadanía de Cataluña».
Por último, ha remarcado que el «objetivo legítimo» de esta norma es «la reconciliación social». En su opinión, la ley «contribuirá a terminar con décadas de un conflicto en Cataluña, que quedará superado con un futuro de esperanza para todos».
