El Gobierno está abierto a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para rebajar el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios líderes del ‘procés’ mientras estaban procesados por el referéndum ilegal, pero sin haber sido aún condenados.
Tras la supresión del delito de sedición y de haber pactado con ERC una rebaja de penas para el delito de malversación, ahora los socialistas han ofrecido al PDeCAT retocar a la baja el artículo 384 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal.
Según este precepto, «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Esta previsión se utilizó en 2018 para despojar de sus actas de diputados en el Parlament Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull i Negre y un año después la Mesa del Congreso lo usó para suspender de su condición de diputados a los tres últimos y también a Jordi Sánchez. Y también ha servido para suspender del cargo público a otros políticos independentistas.
El PDeCAT ha planteado la derogación de este artículo mediante enmiendas a dos leyes. Lo hizo el pasado mes de noviembre al enmendar la Ley órgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia y lo volvió a hacer la semana pasada durante la tramitación de la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, acabó con el delito de sedición.
El PSOE no entró en este punto durante el debate de las enmiendas de la reforma penal, pero sí ha hecho una oferta al PDeCAT en el marco de la tramitación de la ley de eficiencia procesal, que aún se discute en la Comisión de Justicia del Congreso.
En concreto, el PSOE ha planteado una enmienda transaccional para limitar el alcance del artículo 384 bis de la LeCrim, de manera que la suspensión del cargo público se produzca en los casos en los que el delito por el que se les procese sea «grave o muy grave» y medie «violencia o intimidación».
