Pide otra reunión de la Mesa de la Asamblea, que tendrá un plazo de 10 días para convocarla, con el fin de que se vote la solicitud de Ciudadanos en su escrito, y es que De Castro pase a ser diputado no adscrito tras su expulsión
El PP está preparando una demanda judicial por un presunto delito de prevaricación contra el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, “por mentir, engañar, ocultar y hacer un ejercicio de trilerismo” respecto a la solicitud de medidas cautelarísimas que presentó ante el juzgado. En rueda de prensa, el presidente regional del PP y expresidente de Melilla, Juan José Imbroda, acusó a De Castro de “estafar” a la Ciudad Autónoma, y a los propios ciudadanos melillenses, al no comunicar a la Mesa de la Asamblea que el juzgado había denegado dichas medidas cautelarísimas el pasado 5 de agosto.
Ello no se supo públicamente por un medio de comunicación hasta el día 13, ocho días después, pese a que en ese periodo se celebró una Mesa de la Asamblea, el día 11, que “dejaron pasar” porque “ya se sabía lo que había dicho un juez”, si bien “nadie sabía nada” en aquella reunión cuando el vicepresidente segundo y diputado del PP, Daniel Conesa, preguntó al respecto.
“Y tiene la poca vergüenza de salir diciendo que eso no le afecta y que no se va porque no quiere”, criticó Imbroda aludiendo a las últimas declaraciones de De Castro respecto a que no tendría que dejar el puesto de presidente aunque pase a ser diputado no adscrito.
El Reglamento
El presidente del PP dejó claro que “se tiene que ir porque así lo dice el Reglamento” de la Asamblea en el artículo 24, relativo a los diputados no adscritos, e insistió en que los cargos públicos deben cumplir las normas legales que les afectan, sobre todo el presidente, que “debe estar más imbuido que ninguno en el ejemplo y respeto a las normas”.
Imbroda recordó que el Reglamento está aprobado por unanimidad de los representantes de los ciudadanos de Melilla y es la norma que afecta a la ciudad, por lo que instó al Gobierno regional a que “no busque entelequias” comparando este caso con otros casos ocurridos en ayuntamientos de España, donde se aplica “la ley nacional”. El Reglamento de la Asamblea de Melilla, dijo Imbroda, “está intervenido desde el punto de vista del Derecho” y, por lo tanto, insiste en que es lo que debe aplicarse.
Además, recordó que una sentencia del Tribunal Supremo establece que el partido es el que tiene la potestad para decir si uno de sus representantes es tránsfuga o no, basándose en el Pacto anti-transfuguismo, algo que ha ocurrido en un escrito presentado por Ciudadanos en la Asamblea de Melilla, tal y como avanzó ayer MELILLA HOY. Por ello, insistió en que De Castro debe pasar a ser diputado no adscrito.
Ganar tiempo
Imbroda dejó claro que el PP es “prudente”, pero no puede ser “cínico ni tibio”, que es lo que considera que hacen los miembros del Gobierno, de los que dijo que “pretenden ganar tiempo” pidiendo informes porque “les queda un año y medio para convocar elecciones” y con esas medidas podrían “retener la Mesa” en ese tiempo.
“La intención del PP es evitarlo bajo todos los medios, pero advertimos de que ese juego tiene un peaje que hay que pagar”, avisó Imbroda asegurando que su partido no se conformará con que el juzgado pueda darles la razón respecto a la aplicación del Reglamento, sino que pedirán responsabilidades penales para quien haya podido intervenir en ello.
De hecho, dijo que el PP esperará a ver que el secretario de la Asamblea haga el informe que ha solicitado la Mesa en su última reunión, pero reiteró que “estos no se van de rositas para entretener en el juzgado” y “la fiesta la paga alguien, seguro”.
En realidad, según Imbroda, el Gobierno defiende que no se aplique el Reglamento de la Asamblea “porque se les viene abajo el chiringuito extraordinario que tienen montado”, en el que el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, “necesita un presidente títere para manejar lo que está manejando”, al igual que la líder del PSOE, Gloria Rojas, que “está en manos de Aberchán”.
De todos modos, el presidente regional del PP aseveró que pueden seguir manteniendo el Gobierno votando entre ellos a otro presidente, ya que “en ese engendro, sumando unos con otros, pueden llegar a 13” diputados de la Asamblea, que es la mayoría absoluta que necesitan.
Lo que sucede ahora, en palabras de Imbroda, es “la gran estafa, la gran mentira” y “reflejo de este Gobierno”.
Pide otra Mesa
Otra de las medidas que adoptará el PP, tal y como anunció Imbroda, es la solicitud de otra reunión de la Mesa de la Asamblea, que tendrá un plazo de 10 días para convocarla, con el fin de que se vote la solicitud de Ciudadanos en su escrito, y es que De Castro pase a ser diputado no adscrito tras su expulsión, lo que conllevaría su cese como presidente.
“Si no fuera así, nos iríamos al Contencioso, como primera medida, para ir contra cualquier medida que entorpezca la aplicación del Reglamento de la Asamblea, y seguro que nos dan la razón”, afirmó.
Además, Imbroda opina que, implícitamente, De Castro también lo reconoce cuando, tras recibir la Asamblea el primer escrito de Ciudadanos comunicando oficialmente su expulsión del partido, a finales de julio, su primera decisión fue acudir a los tribunales a solicitar medidas cautelarísimas para paralizar dicha decisión.
“Si no le afecta lo que diga Cs, ¿para qué va al juzgado? Implícitamente reconoce que es un mandato y tiene que pasar a ser diputado no adscrito. Lo reconoce al ir al juzgado”, apuntó Imbroda.
