El auto de prisión también alude a que las penas que se podrían enfrentar, de 8 y 6 años de prisión y 15 de inhabilitación, podrían suponer “un acicate” para huir
El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, entre las razones por las que ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los consejeros de CPM en el anterior Gobierno que presidía Eduardo de Castro, está el “riesgo de fuga” por las elevadas penas de prisión que acarrean los presuntos delitos que les imputan. En el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico, la titular de este juzgado apunta incluso a la posibilidad que puedan huir en “motos acuáticas y embarcaciones de recreo” a Marruecos “por su ascendencia marroquí”. Desde mediados de la pasada semana, en la cárcel de Melilla están Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar; en la de Granada Mohamed Ahmed y en la de Santander Mustafa Aberchán.
La titular del juzgado, tras recordar los delitos por los que están acusados, concretamente de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, ha subrayado que “existen indicios para racionalmente pensar que puede sustraerse a la acción de la justicia (riesgo de fuga)”.
En el auto al que ha tenido acceso MELILLA HOY, la jueza señala que “la gravedad de los hechos señalados, para los que el Código Penal prevé penas de 8 y 6 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, supone un acicate para que el investigado pudiera eludir la acción de la justicia”.
La magistrada que lleva la instrucción de este caso subraya además que si bien es cierto que ostentan la nacionalidad española y arraigo en el país, “también lo es que lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera”.
“Es más -prosigue la jueza en su auto de prisión a cada uno de los cargos de CPM- la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas menos restrictivas”.
Para la responsable del Juzgado de Instrucción número 2, “por lo expuesto medidas como la retirada del pasaporte español y la prohibición de salida del territorio nacional se consideran insuficientes”.
Además de estas razones, para decretar la prisión provisional y sin finanza de los ex consejeros cepemistas, la juez también destaca que “existe un evidente riesgo de que el investigado y el resto de consejeros procedan a la destrucción de fuentes de prueba mediante la coacción de personas que pudieran declarar como testigos o investigados”.
El Ministerio Fiscal ha solicitado igualmente para los ex consejeros del Gobierno prisión provisional comunicada y sin fianza “a la vista de los indicios de participación en un delito de organización criminal, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación”, por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Los afectados, a través de sus respectivos abogados, podrán presentar contra estos autos de prisión sin fianza recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, recursos que gozarán de “tramitación preferente”, dado que los aludidos están privados de libertad desde mediados de semana.
