El Consejo de Gobierno de Melilla ha acordado la supresión de la Consejería de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica casi cuatro meses después del cese de su anterior responsable, el socialista Mohamed Mohand, y ha repartido las competencias entre las consejerías de Presidencia (PSOE) y Hacienda (CPM).
Este acuerdo fue publicado ayer en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Melilla (BOME) y pone fin a un periodo de casi cuatro meses en los que dicha consejería ha sido asumida por la vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, consejera de Presidencia y Administración Pública y líder del PSOE, Gloria Rojas.
Con esta nueva remodelación del Gobierno, el PSOE pierde de nuevo competencias en favor de su socio político, al igual que ya sucedió en la anterior, a finales de 2020, con la dimisión de Francisco Vizcaíno como viceconsejero de Recursos Hídricos, Energías Renovables y Política Ambiental, cuyas competencias quedaron en manos del consejero cepemista Hassan Mohatar.
Según el BOME, en el reparto de competencias de la extinta Consejería de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica, aprobado por el Consejo de Gobierno, Gloria Rojas se quedará con la responsabilidad del Patronato de Turismo y las competencias relacionadas con este ámbito y transportes.
Por su parte, Dunia Almansouri (CPM), consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, asumirá las competencias de tipo económico y la responsabilidad de la sociedad pública Promesa, cuyo presidente, el exlíder de Vox, Jesús Delgado, ya había sido nombrado en agosto de 2021 a propuesta de la formación cepemista con el voto en contra del PSOE.
De esta manera, el Gobierno de Melilla queda reducido a ocho consejerías y tres viceconsejerías, ocupadas por 12 de los 13 escaños que sostienen al Gobierno entre CPM, PSOE y Eduardo de Castro (Grupo Mixto), mientras que el anterior consejero de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica es el único diputado sin cargo en el Ejecutivo.
Mohamed Mohand fue cesado el 27 de octubre de 2021 a raíz de la polémica por una denuncia pública del PP, según la cual una empresa en la que una familiar del entonces consejero era socia al 50 % había pedido una subvención de 248.000 euros a la sociedad pública Proyecto Melilla S.A. (Promesa).
