El Gobierno local mantendrá en las próximas semanas “contactos” con el Ministerio de Fomento para hablar sobre la situación del transporte aéreo y “establecer las estrategias adecuadas” aprovechando el debate que se está planteando en los archipiélagos balear y canario en torno a la tarifa plana en los vuelos. Pero la intención del Ejecutivo es plantear “una postura común” ante el Gobierno central que tenga en cuenta la opinión de los grupos de la oposición en la Asamblea de Melilla, a los que también anunció que mantendrá informados de cómo transcurren esos primeros contactos con la cartera de Fomento. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, subrayó la necesidad de abordar este asunto con “cautela”. No en vano, recordó que en Baleares y Canarias el debate sobre la tarifa plana aérea está “abierto en canal” y por ahora hay “incógnitas abiertas” que hay que ver cómo se despejan próximamente.
Sin embargo, aclaró que esa postura prudente no significa que “nos quedemos quietos”, sobre todo teniendo en cuenta que “los últimos acontecimientos” en los transportes que nos conectan al resto del territorio nacional hacen necesaria “una reflexión sobre su futuro”. Conesa se refirió así a la mejora de las conexiones marítimas, con la operación de tres navieras a partir de la semana que viene, pero sobre todo a la situación del transporte aéreo tras la pérdida de rutas y frecuencias a partir del mes que viene.
El consejero señaló que el transporte aéreo es “la parte más débil” en el ámbito de las comunicaciones, puesto que “estamos en mano de intereses comerciales”, motivo que ha llevado a la decisión empresarial de suprimir las rutas de Almería y Granada y la disminución de frecuencias en la de Madrid.
Para el Gobierno local, está claro que esto supone “un retroceso” con la que está “descontento”, y por eso anunció también que intentará hacer gestiones para recuperar los enlaces que se van a perder. Ello “ensombrece”, en palabras de Conesa, la situación “más que aceptable” que atraviesa el transporte aéreo de nuestra ciudad, con dos operadores en la ruta de Málaga, donde hay hasta siete vuelos diarios, y un nivel de frecuencias suficiente y por encima de la demanda y necesidades, lo que da lugar, además, a “precios muy competitivos” para los residentes, que “se mueven en el entorno de los 30-40 euros para Málaga y Madrid”.
Servicio público
Al hilo, Conesa respondió a la interpelación planteada por Coalición por Melilla (CPM) respecto a la posibilidad de declarar como servicio público las conexiones aéreas entre nuestra ciudad y la península. El encargado de defender esta iniciativa fue el presidente cepemista, Mustafa Aberchán, que recordó que en los vuelos interinsulares en Baleares y Canarias ya tienen esa declaración motivada por esa circunstancia de insularidad.
Aberchán lamentó la “reivindicación raquítica” que se ha realizado desde Melilla en torno a este asunto, a pesar de compartir la misma situación extrapeninsular que los dos archipiélagos. “Si en Melilla se hubiera invertido lo mismo que en otras comunidades por autovías, autopistas o AVE, aquí el problema del transporte aéreo estaría mejor y más que solucionado”, aseguró el líder de la oposición.
También defendió que en Melilla se siga “con elegancia y voz firme” la “ruta establecida y determinada” que se está adoptando en Baleares y Canarias respecto a la tarifa plana tras el compromiso de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, que extendió esa posibilidad a nuestra ciudad. Para Aberchán, es necesario porque el transporte es “el motor económico más determinante en la ciudad” y la mejora de los precios para residentes y no residentes con una tarifa plana sería “un estímulo para la economía local que aportaría grandes beneficios”.
Sin embargo, Conesa recordó que las obligaciones de servicio público no tienen por qué conllevar mejoras en la situación actual, tal y como se ha visto en otros lugares, ya que podrían reducirse las frecuencias y las tarifas máximas de referencia pueden ser mayores que las actuales con el mercado liberalizado. Además, depende del visto bueno de las autoridades europeas.
