“Ni ha respondido ni se le espera”, ha lamentado resignado el vicepresidente 1º de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, en el Pleno de Control
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha lamentado la falta de respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la petición del Ejecutivo regional de ceder más terrenos militares a la localidad norteafricana y, de ese modo, solventar el agravio comparativo con la ciudad hermana de Ceuta, a la que el Gobierno central le ha concedido terrenos militares por valor de 69 millones de euros, frente a los 10 de Melilla.
En su intervención en el Pleno de Control al Gobierno, el vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, ha asegurado que el presidente melillense, Juan José Imbroda, le ha llegado a remitir hasta tres misivas a la responsable de la cartera de Defensa para pedirle que resuelva esta “injusticia” cometida con Melilla respecto a la ciudad caballa. A día de hoy, la ministra “ni ha respondido ni se le espera”, afirma resignado.
“¿Y qué le dice a usted esta forma de actuar?”, le ha preguntado en su turno de respuesta la portavoz de CPM, Dunia Almansouri, que ha contrapuesto la forma de actuar en esta cuestión con el Gobierno de Ceuta, donde su presidente, Juan Jesús Vivas (PP) ha conseguido “mucho más para Ceuta que ustedes para Melilla.
Almansouri les ha afeado que utilicen “el mismo discurso” culpando al Gobierno central” de “discriminar e ignorar” al Ejecutivo local, que “no tiene nada que ver”.
Sin embargo, “lo curioso” a su juicio es que este discurso “no es nuevo” en el Gobierno del PP. “Casualmente, cuando no gobierna el PP”, ha apostillado. Por lo que, según quien gobierne en Madrid, “pasamos del abandono al entendimiento”.
En su turno de réplica, Marín le ha rebatido que el problema no es Madrid, sino el PSOE, “sus socios tradicionales de gobierno”.
Así, ha asegurado que fue durante los Gobiernos populares de Aznar y Rajoy “cuando más se invirtió en Melilla” en materias como viviendas, ampliación de la pista del aeropuerto o la bonificación del 50 % de las cuotas patronales a la Seguridad Social.
