El pasado martes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció “un paso significativo para mejorar la protección social en España”. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy destacó la importancia de garantizar que las familias con hijos no tengan que depender de las colas de la ayuda alimentaria.
En esta línea, el Gobierno aprobó un Real Decreto propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este decreto regula una concesión directa y excepcional de una subvención a Cruz Roja Española para implementar un programa de tarjetas monedero durante el año 2024. La subvención asciende a 100,2 millones de euros, destinados a gastos alimenticios, productos básicos y costos técnicos.El Gobierno asumirá la gestión de estas tarjetas de manera transitoria hasta el 1 de enero de 2025, cuando las comunidades autónomas se encargarán de su administración. Esta medida se adopta para evitar retrasos, ya que la última compra de alimentos ocurrió en octubre de 2023 y la distribución de tarjetas debe estar operativa en abril de 2024.
El programa, financiado con el tramo estatal del Fondo Social Europeo, cuenta con un presupuesto de 660 millones de euros para los próximos siete años, superando el 3% exigido por la Comisión Europea. Se espera que beneficie a alrededor de 70,000 familias, marcando un cambio significativo respecto al modelo anterior que distribuía 1.5 millones de bolsas de alimentos.
Las tarjetas monedero se dirigirán a familias con hijos a cargo que ganen menos del 40% de la renta media. La valoración y selección de beneficiarios serán responsabilidad de los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma. Los montos mensuales varían según el tamaño del hogar, oscilando entre 130 y 220 euros.
El nuevo sistema busca ser más efectivo que la entrega de alimentos, que según estimaciones gubernamentales, proporcionaba solo 6 euros por persona al mes, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas. La tarjeta monedero será recargable por un máximo de tres meses y, tras ese período, las familias deberán recargarlas nuevamente.
Es importante destacar que este fondo con recursos limitados no cubrirá las necesidades de todas las familias, y se enfatiza que esta herramienta no excluye la posibilidad de implementar otros programas o líneas de financiamiento. Con este cambio de modelo, se pondrá fin a la colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), aunque los bancos de alimentos seguirán operando y recibiendo apoyo público.
