El Gobierno ha dado por acatado su requerimiento a la Junta de Castilla y León en base al escrito que le remitió el Ejecutivo que encabeza Alfonso Fernández Mañueco, pero a la luz de nuevas declaraciones del portavoz del Ejecutivo regional sobre la intención de adoptar nuevas medidas para la atención de embarazadas que desean abortar, ha avisado de que actuará si estas se materializan.
En un comunicado, Moncloa ha informado de que la Junta remitió este jueves un escrito en el que notificaba que «no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno» en relación con los planes que podían socavar el derecho al aborto por lo que considera que «ha acatado formalmente el requerimiento» que se había realizado desde el Ejecutivo.
El Ejecutivo ha considerado que «este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos» hechos desde el Gobierno «supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores».
No obstante, ha constatado con «preocupación» las declaraciones formuladas por el portavoz de la Junta en las que aseguraba que las medidas anunciadas de ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal y de hacer una ecografía 4D en las que aseguró que seguían adelante, puesto que apuntan a «una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo».
En este sentido, tras recalcar que esta es una «circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va tolerar ni consentir», ha advertido de que «si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido» la Junta de Castilla y León «materializa, por cualquier vía, su intención» de actuar al margen de la ley en esta cuestión, «actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas».
Por ello, ha advertido Moncloa al Ejecutivo encabezado por Mañueco, que «el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas».
Así las cosas, ha indicado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, enviará una carta al consejero de Presidencia de la Junta para recordarle «nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida» como las que se han planteado en Castilla y León.
