El fiscal del caso Salander, en el que se investiga un delito de revelación de secretos, descarta en el actual momento procesal respaldar el sobreseimiento libre que solicitaron las defensas de Ignacio Velázquez, expresidente de la Ciudad y Paz Velázquez, actual consejera de Presidencia por presunta revelación de secretos al haber supuestamente filtrado información al pseudónimo Lisbeth Salander. Por el momento, aún faltan por declarar dos de los investigados, Teresa Vázquez y Fran Castro, y diversos testigos, después de que hayan pasado ya por el Juzgado Nieves Vida, Isabel Sanmartín, Félix González, Sergio Jiménez y Marisa Palacios, que fueron el resto de detenidos en un primer momento por el mismo delito que 'Los Velázquez', quienes tendrán que esperar a la decisión del nuevo juez del Juzgado. El Ministerio Público se opone al sobreseimiento libre que solicitó el pasado 8 de marzo la defensa de la consejera de Presidencia, Paz Velázquez y el expresidente de la Ciudad, Ignacio Velázquez, tras su declaración como investigados por supuesta revelación de secretos mediante un perfil de redes sociales.
Según fuentes del caso consultadas por este periódico, dado que aún no han declarado parte de los testigos citados por el Juzgado, ni tampoco dos de los siete detenidos en un principio por esta causa, el fiscal considera que no es el momento procesal correspondiente para el sobreseimiento del caso. A esto se suma, que aún faltan diligencias por practicar que se han acordado por el Juzgado tras escuchar a los investigados y a parte de los testigos.
La decisión del Ministerio Público coincide, en esta ocasión, con la que afirmó el letrado que solicitó las declaraciones como investigados de los Velázquez, Felipe Castillo, quien ejerce la acusación en representación de Víctor Ramírez, responsable de Eulen en la ciudad.
Castillo, después de que los Velázquez acabaron su declaración, afirmó que "no es el momento procesal oportuno", toda vez que las afirmaciones de ambos el pasado 8 de marzo ante el juez abrían la puerta para llamar a los ex diputados de PPL, Julio Liarte y Rosa Cuevas como testigos.
Y es que ambos eran diputados de PPL en la Asamblea cuando supuestamente y según se deduce de la investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, estarían detrás de la filtración al perfil de Lisbeth Salander de documentos oficiales relativos a un procedimiento de una de las abogadas que fue contratada por la Ciudad en 2014, el cual recogía datos de carácter reservado y cuyo traslado firmaba como diputada Cuevas, quien en calidad de representante política habría solicitado a la Ciudad dicha información.
Operación Ópera
Durante una de las fases de explotación judicial y policial de la Operación Ópera el pseudónimo Lisbeth Salander comunicaba casi a tiempo real los registros a empresas y administraciones realizados por mandamiento judicial de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4, María José Alcázar. Días más tarde, el perfil delictivo publicaba el auto completo en el que se ordenaba la entrada y registro de determinadas dependencias municipales, todo ello, pese a que la causa estaba decretada secreta.
La investigación de más de 4.000 páginas realizada por la UOPJ de la Guardia Civil llama la atención sobre este punto, dado que apuntaría a que supuestamente habría funcionarios o de la Justicia o del ámbito policial que habrían filtrado dicha información.
La acusación de Víctor Ramírez reclamó a dicho juzgado que se realizaran las comprobaciones oportunas para conocer cómo podría haber llegado dicho auto hasta el pseudónimo delictivo y conseguir conocer algo más sobre quien estaría detrás de este perfil.
Notificación errónea del auto completo
Según se ha comunicado a esta parte, efectivamente, se habría notificado de forma errónea, el auto completo y no solo la parte dispositiva, que es lo que se debe comunicar a las partes de un determinado procedimiento judicial cuando aún, por la causa que estime el instructor del caso, está declarada como secreta.
Sin embargo, ha señalado el fiscal a la acusación del caso que en cualquier caso no se trataría de un delito de revelación de secretos aunque sí podría ser una responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario que llevara a cabo las notificaciones. Sin embargo, señala que a día de hoy la causa estaría prescrita.
Por otro lado, fuentes del caso han señalado a este periódico que hasta que no se llamen a declarar a todos los detenidos en un primer momento por este causa, no se pasará a llamar a varios de los funcionarios que presuntamente estarían implicados por presunta revelación de secretos como serían Alejandra L., José Ignacio M. , José Javier A.
