El pasado 30 de septiembre, la Comisión Europea publicó un informe sobre la situación del Estado de Derecho en Europa durante 2020. En el Capítulo dedicado a España, la Comisión dedica 14 páginas a emitir consideraciones no muy favorables en lo tocante a cuatro apartados: Sistema judicial, lucha contra la corrupción, pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales en relación con los controles y los equilibrios.
Al objeto de aportar datos que puedan servir para la reflexión colectiva, citaré algunas particularidades que se dan en el debate público en España, que, a mi juicio, comprometen los principios del Estado de Derecho y sobre las que todos deberíamos meditar. En la presente legislatura, el Gobierno ha promovido la deslegitimación de la Oposición, tildándola, con excesiva frecuencia, de desleal con los intereses legítimos de la nación por exponer, con absoluta lealtad a los españoles, los puntos de vista discrepantes con las actuaciones del Gobierno, como es función y obligación de la Oposición. Este intento de deslegitimación de la Oposición es una práctica totalitaria.
Desde la aprobación del primer Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, el Partido Popular respaldó tres prórrogas al mismo, planteando recurrentemente al Gobierno la conveniencia democrática de acogerse a legislación ordinaria. Ante la negativa por parte del Gobierno de avanzar en esta dirección, el Partido Popular se abstuvo en la cuarta prórroga y se posicionó en contra en la quinta y sexta, a pesar de lo cual la prórroga salió adelante y el Estado de Alarma se mantuvo hasta el 21 de junio, más de tres meses consecutivos con legislación excepcional.
Al producirse un repunte en los contagios por COVID-19, el Gobierno decretó un segundo Estado de Alarma el pasado 25 de octubre con una duración inicial de quince días, tal como prevé la Ley Orgánica que lo regula, planteando una prórroga de seis meses de duración, hasta el próximo 9 de mayo. Este plazo se considera excesivo. El Partido Popular lo ha sometido a la consideración de la Comisión de Venecia, al objeto de verificar su coherencia con los principios del Estado de Derecho.
Ante la falta de consenso con el principal Partido de la Oposición para obtener la mayoría de tres quintos de los Diputados para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, dada la negativa del Gobierno a realizar cesión alguna a los postulados de la Oposición, los Partidos que sustentan al Gobierno en el Parlamento, registraron una Proposición de Ley Orgánica, para transformar la mayoría cualificada, requerida para llevar a cabo la renovación del alto órgano judicial, en mayoría absoluta, sin necesidad de contar con la Oposición. Dicha Proposición está, por el momento, suspendida en su tramitación, pero no retirada.
De manera más reciente, los dos Partidos que sustentan al Gobierno en el Parlamento han alcanzado un acuerdo con uno de los Partidos con el que ha negociado la aprobación de los Presupuestos Generales, para insertar una enmienda en la nueva Ley de Educación, la conocida como Ley Celáa, que condiciona el uso del castellano, lengua oficial del Estado español, en la Educación, en determinadas partes de España, condicionando el derecho constitucional establecido en el art. 3 de la Constitución española, según el cual el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Por OM 1030/2020 del Ministerio de la Presidencia, publicada el pasado 5 de noviembre, se establece en el seno de la Presidencia del Gobierno una denominada Comisión Permanente contra la Desinformación y se cita como uno de los objetivos a satisfacer en este ámbito “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”. Esta expresión ha levantado suspicacias en ámbitos diversos, al dar la impresión de que va a ser el Gobierno el que valide la libertad y el pluralismo con el que actúan los medios de comunicación, legitimando un cierto modo de censura.
Ciertamente no hay muchos motivos para alegrarse por la situación del Estado de Derecho en España y sí muchas razones para la preocupación.
