El detenido es el español de origen belga Mustafá Maya Amaya, converso al Islam de ascendencia gitana y postrado en silla de ruedas, según han confirmado las citadas fuentes de la investigación. Tras su primera detención, la Policía Nacional lo calificó como el «mayor reclutador yihadista», una actividad que se remonta al menos a 2012.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal dictó una sentencia en la que imponía a Maya Amaya a ocho años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en calidad de promotor y director. A otros cuatro miembros se les condenó a seis años de cárcel por estos mismos delitos.
A todos ellos se les aplicó la atenuante de confesión, ya que reconocieron los hechos durante el juicio. Alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que inicialmente solicitaba entre ocho y 14 años de prisión.
Durante la vista oral, celebrada entre 11 y 13 de diciembre de 2017, el propio Maya Amaya confirmó que dio «información» a través de redes sociales a una cifra «exagerada» de personas que «querían trabajar, que querían buscarse una vida» o que querían «aprender el Corán» para después hacer la yihad. Apuntó que él no sabía concretamente en qué grupos yihadistas iban a ser integrados.
La sentencia, con fecha del pasado 18 de enero de 2018, destacó que se trata de «una de las mayores redes de captación y envío de radicales para su incorporación a organizaciones terroristas de corte yihadista, insertadas en el movimiento e ideario de la ‘yihad global». Una red que, según la Sala, ayudó al menos a una treintena de personas a llegar desde Malí, Siria o Libia para su integración en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Estado Islámico o Jabaht Al Nusra.
