Los más de siete millones de euros anuales que ahorrará el Estado en el contrato de gestión de las líneas marítimas Melilla-Málaga y Melilla-Almería, que ha sido adjudicado a la compañía Trasmediterránea con una oferta económica de cero euros, se destinarán a inversión en nuestra ciudad. El presidente melillense, Juan José Imbroda, explicó que esta cuestión fue abordada ayer en una videoconferencia que mantuvo junto al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, con responsables del Ministerio de Fomento.
Imbroda señaló que tras hablar con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar Rodríguez, éste le confirmó que “esa partida de 7 millones de euros del transporte marítimo que está sobrando no se va a quitar”, sino que “se va a quedar para invertir en Melilla”.
Podrían ser destinados a financiar la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) que el Gobierno de Melilla ha solicitado ante el Ministerio de Fomento para las líneas aéreas entre nuestra ciudad y los aeropuertos de Granada, Almería y Sevilla, o bien para financiar el 50% de bonificación al transporte de mercancías, aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Este asunto será uno de los que se pondrán sobre la mesa en una reunión concertada en Madrid el día 13, a la que asistirán en representación de la Ciudad Autónoma su vicepresidente primero, Daniel Conesa, y el viceconsejero de Turismo y Transportes, Javier Mateo.
Contrato marítimo
Respecto a la adjudicación del contrato marítimo por cero euros, que ha provocado las críticas del resto de partidos y sus dudas respecto al cumplimiento de las condiciones del pliego por parte de la compañía adjudicataria, Imbroda respondió que la oposición “no tiene ni idea de lo que está diciendo”.
Recordó que se trata de un contrato con condiciones, y ahora su cumplimiento por cero euros es “problema de la compañía”, si bien opinó que esa oferta podría deberse a que tiene los barcos amortizados, a que el combustible actualmente es más barato, o incluso a una política empresarial “para quitarse competencia”.
Asimismo, dejó claro que las obligaciones contraídas “se cumplen todas a rajatabla y sin problema”.
