El Defensor del Pueblo ha instado a la Fiscalía General del Estado, la Delegación de Gobierno y a la Ciudad Autónoma a adoptar medidas para solucionar el problema de los menores extranjeros no acompañados que duermen en la calle, tras una denuncia presentada por la organización Prodein. Esta institución ha sacado como conclusión que si los menores no quieren estar en los centros de acogida es por los problemas que encuentran en ellos.
La institución que preside Soledad Becerril ha constatado en una visita al Centro de Menores de la Purísima en Melilla las “dificultades” encontradas por los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma. Entre estas dificultades, el Defensor del Pueblo apunta la saturación de los centros de protección, la demora en obtener la autorización de residencia y la extinción de la misma una vez acceden a la mayoría de edad, así como la discriminación en su escolarización que “desincentivan su permanencia en los centros y suponen un acicate para que quieran dirigirse a la Península”.
Las medidas policiales, sin efectividad
Ante esta situación, según consta en el escrito remitido por la institución a Prodein, el Defensor del Pueblo ha instado a “adoptar medidas que permitan abordar a pie de calle la situación de los menores desde puntos de vista distintos a los policiales toda vez que las medidas coactivas no han demostrado efectividad”.
Concretamente, el Defensor del Pueblo ha instado a las autoridades a llevar a cabo medidas “asistenciales y educativas”, entre ellas iniciar proyectos de actuación con los jóvenes que se encuentran próximos a su mayoría de edad o que acaban de cumplirla, y se implementen programas de actuación en la calle ofreciéndoles opciones a los menores que pernoctan en la Ciudadela con el objeto de “reconducirlos al centro de la Purísima y fomentar su permanencia voluntaria en el mismo”.
