El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha admitido «diferencias de criterio» con el Ministerio del Interior en relación al salto de la valla de Melilla en junio de 2022 que se saldó con una veintena de muertes y ha urgido a regular la figura del ‘rechazo en frontera’ para evitar algunas de las situaciones como las vividas en aquel momento. Gabilondo ha reconocido que las actuaciones que se habían abierto con el Ministerio del Interior sobre este suceso «se han dado por concluidas» porque, antes las «diferencias de criterio», especialmente, en materia de rechazo en frontera «ya no se puede hacer otra cosa».
Sin embargo ha precisado que las recomendaciones y recordatorios realizados al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se mantienen. Y más, según ha indicado, cuando su equipo está preocupado por que en España «se impida el acceso a la petición de asilo internacional y se evite violencia física».
«No somos jueces ni fiscales, ni personas que tienen dictar sentencias de lo ocurrido, hemos hecho lo que nos corresponde, hicimos serie de recomendaciones sobre lo sucedido, a vista de lo que nos parecía fundamental», ha señalado el Defensor del Pueblo, antes de relatar que la respuesta dada por la Secretaría de Estado de Seguridad ante sus recomendaciones no acababa satisfacerle.
Rechazos en frontera
Según ha señalado, estas recomendaciones a Interior tenían que ver «con derechos y libertades» de los extranjeros en España, con el rechazo en frontera, con el control judicial o el cumplimiento obligaciones internacionales suscritas por España, entre otras, y que, según ha precisado, se refieren a las directivas del Parlamento Europeo para protección o retirada de protección internacional.
Y es que, tal y como denuncia la institución en su Informe Anual de 2022, su posición es que «la Administración tiene que ser capaz de actuar en situaciones críticas de manera acorde con los derechos humanos».
En el documento, recogido por Europa Press, el equipo de Ángel Gabilondo ha recordado que el Tribunal Constitucional estableció la constitucionalidad de la figura del ‘rechazo en frontera’ y reconoce que, por tanto, esta no es una cuestión que proceda discutir. Sin embargo, señala que transcurridos más de dos años desde la publicación de la instrucción del tribunal, el Gobierno «ha de desarrollar, sin más demora y por disposición reglamentaria, el procedimiento que regule esta figura, de conformidad con la interpretación realizada por el propio tribunal.
Esto es, según se recoge en el informe, que «el rechazo en frontera ha de permitir su aplicación a las entradas individualizadas, un pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España».
«El rechazo en frontera ha de hacerse de forma individualizada, no que hay que sacarlos uno a uno, sino hablar con cada uno, conocer de donde viene, de qué huye, su situación familiar o si tiene personas a su cargo», ha apuntado el Defensor del Pueblo en su intervención.
Además, según ha señalado, este proceso debe realizarse «con asistencia jurídica» y «tiene que haber alguien que asesore» al solicitante de protección. Del mismo modo, considera «fundamental» que el rechazo en frontera se realice «de acuerdo a las normas derecho internacional». «El Ministerio de Interior debe velar por hacer eso así», ha apuntado, para señalar que lo que ocurre es que Interior da por hecho que el Ministerio Fiscal cumple estas funciones.
Para la institución, según recoge en el informe, la actual situación es que, cuando se produce un asalto a los perímetros fronterizos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se centra en intentar «que todos o la mayor parte de quienes participan en el intento no lleguen a superar la valla, así como en su devolución» por lo que, a su juicio, «no resulta posible detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad.
En este sentido, el Defensor recomienda que, «cuando se lleve a cabo un rechazo en frontera, se prevea la forma de facilitar siempre información sobre protección internacional y de verificar su situación y necesidades de protección.
