El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, advirtió ayer de que legalizar en España las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla será “el principio del fin del derecho de asilo”. Muiznieks lanzaba esta advertencia en una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid ofrecida como balance de su segundo viaje oficial a España, que esta semana le ha llevado a recorrer Melilla y entrevistarse con fuerzas de seguridad, autoridades y miembros de las ONG. “He visto devoluciones sumarias en muchos países pero en ninguno se ha introducido en la legislación. Que España lo hiciera, sería un precedente muy negativo. Sería el principio del fin del sistema de asilo”, declaró. El comisario ha viajado a España expresamente para analizar la reforma de la Ley de Extranjería introducida en la de Seguridad Ciudadana que permitirá devolver sobre la marcha a las personas interceptadas en el salto de las vallas de las ciudades autónomas, algo que a su juicio “es ilegalizable” y contraviene “todos los compromisos internacionales” en materia de Derechos Humanos.
“Espero y confío en que se encuentre una solución para que los controles en frontera sean compatibles con la legalidad. Todo parece indicar que se está trabajando ello para buscar una solución”, señaló. La reforma, en la actualidad, se encuentra en el Senado, en la recta final de su tramitación.
Con todo, recordó que la Unión Europea dispone de sus propios mecanismos de sanción para los Estados que incumplan la legalidad. Desde el Consejo de Europa, la mayor sería apoyar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos, algo que tiene que instar un particular habiendo agotado la vía judicial en España y que, en relación a las devoluciones en caliente, nunca se ha producido.
“La propuesta no se ajusta a la legislación ni de la Unión Europea, ni del Consejo de Europa ni de Naciones Unidas. Es necesario trabajar mucho de manera que no se lleguen a presentar casos ante el Tribunal de Derechos Humanos”, señaló.
En este sentido, aseguró que “es posible introducir una salvaguarda para mantener el principio de no devolución” pero incidió en que “es fundamental no legalizar las devoluciones en caliente”. “Se puede establecer un equilibrio entre seguridad en frontera y derechos humanos (…) es un reto asumible”, sentenció.
Visita a Melilla
Durante su viaje, el comisario ha visitado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, ha recorrido un tramo de la valla fronteriza, ha examinado la situación del derecho de asilo en la ciudad autónoma y ha abordado con las fuerzas policiales ente otros asuntos, las denuncias de uso excesivo de la fuerza en la represión de los saltos de la valla.
Sobre este asunto, afirmó ayer que en su reunión con el jefe de la Policía Nacional y su homólogo en la Guardia Civil de Melilla no ha “entrado en detalles”, si bien reivindicó la creación de un mecanismo independiente de investigación de estos sucesos porque las pesquisas internas “no son suficientes”. Las autoridades españolas “no han adoptado” esta recomendación.
“Hasta que no haya castigos o sanciones, los mecanismos de investigación interna no serán suficientes o efectivos”, declaró para instar a la Guardia Civil, además, a “hacer públicas las medidas disciplinarias adoptadas” en este sentido y “reforzar el diálogo con la sociedad civil”.
En relación al borrado de los vídeos oficiales de la valla que demostrarían las devoluciones en caliente por las que se ha imputado en Melilla al coronel jefe de la Guardia Civil, Muiznieks espera “que las cintas se recuperen, lo que con las nuevas tecnologías es posible” y que “las personas que manipularon las pruebas sean castigadas”.
Además, mostró un garfio y una sandalia con clavos de los que portan los inmigrantes y que recogió allí, para explicar al resto de España que “no son armas” sino “herramientas de escalada” para facilitar la subida por la malla antitrepa, ante la imposibilidad de introducir en ella las manos o los pies.
En cuanto al CETI, el comisario denunció que la situación de “hacinamiento” es crónica, con 2.000 residentes durante su visita para 480 plazas, y reivindicó “que se le ponga fin”, invirtiendo en infraestructuras, para lo que “España debería aprovechar mejor la financiación de la Unión Europea”. A través de Twitter, el comisario alabó el “gran trabajo del personal” de este centro, pero incidió en que el “grave hacinamiento debe abordarse con urgencia y una mejora de los servicios”.
Sistema de asilo
También se refirió a la inexistencia de criterios objetivos para el traslado de solicitantes de asilo desde los CETI a la Península y reclamó un protocolo “que establezca reglas claras para las autoridades” y que permita a los residentes “saber cuando se les trasladará”.
“Falta información clara y transparente (…) aunque la situación está evolucionando”, apuntó. Según dijo, si “hace tres meses” el modo más rápido para un sirio de conseguir el traslado era “no pedir asilo” en Melilla, ahora es lo contrario.
En cuanto al sistema de asilo, el comisario celebró que se vayan a crear oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, pero recordó la importante inversión que será necesaria para su adecuado funcionamiento. Es “un paso muy positivo”, afirmó el comisario de Derechos Humanos, que destacó “la situación claramente diferente que hay entre los sirios y el resto de nacionalidades”, que no acceden en la misma medida al procedimiento.
En su opinión, la falta de solicitudes de ciudadanos subsaharianos tiene que ver sobre todo con “la falta de confianza en el sistema” por las “pocas” peticiones que se conceden y los plazos de tramitación, a menudo “demasiado largos”.
Con todo, reconoce que “Marruecos hace muy difícil que los subsaharianos lleguen a la zona fronteriza” y considera necesario que este asunto se negocie en el ámbito bilateral entre la UE y el reino alauí, algo que trasladará a sus compañeros de Bruselas.
