La citación como imputados de los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el próximo mes de abril ha vuelto a abrir el debate sobre el momento en el que los partidos deben exigir la asunción de responsabilidades políticas
. El código ético del PSOE señala que es la apertura del juicio oral, pero tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz se comprometieron hace meses a elevar el listón y reclamar los escaños en el momento de la imputación del delito. Es verdad que a Griñán y a Chaves el Tribunal Supremo aún no les ha imputado delito concreto y que su condición de imputados es una garantía procesal para que acudan a declarar con sus abogados. Como también es verdad que, por mucho que un partido reclame el escaño a uno de sus representantes son éstos los que libérrimamente decidirán sobre su futuro, porque el escaño les pertenece a ellos y no a sus formaciones políticas.
Está muy bien que los partidos se doten de códigos éticos exigentes y sería estupendo que mejorasen también en su selección de personal, pero creo que los límites en los que un representante público implicado en un procedimiento penal no puede seguir ejerciendo sus responsabilidades deben fijarse en la ley y no en normas de conducta internas. Porque no se trata de preservar los limpios perfiles de una formación política sino de salvaguardar la limpieza de unas instituciones que no pueden permitirse el lujo de mantener en sus sillones, dictando leyes o gestionando el dinero público, a ciudadanos que pueden acabar siendo delincuentes por sentencia firme.
Es verdad que algunos imputados pueden no ser finalmente condenados, pero no sería difícil que la misma ley que contemplase su apartamiento pudiera también contemplar vías de resarcimiento. En fin, sentar en una ley los límites de la responsabilidad política evitaría debates espurios, liberaría a los responsables de los partidos de tomar decisiones que siempre son comprometidas y contribuiría a mejorar la limpieza de nuestras instituciones democráticas.
