Durante los últimos años, debido a los recortes económicos, la educación pública viene sufriendo un retroceso sin precedentes de graves consecuencias para las próximas promociones y generaciones. Algunas de las medidas que se han tomado han sido reflejo de la aplicación de los RD 14/2012 y 20/2012 y de las Instrucciones de comienzo del curso 2014: Aumento de ratio y horario lectivo, espera de 2 semanas para cubrir una baja por parte de un profesor interino y otros aspectos que inciden en la calidad de nuestro sistema y en las condiciones laborales de nuestros docentes.
La rebaja de los Presupuestos en educación ha reducido los cupos de profesores de los centros, lo que supone un aumento del trabajo para los docentes y una pérdida de refuerzos y de apoyos para el alumnado. Estas situaciones, ya denunciadas por CSI-F, y que perjudican el normal desarrollo en la formación del alumnado últimamente se ven incrementada por el incumplimiento sistemático por parte de la Administración del envío de los fondos económicos a los centros para poder desarrollar su labor.
La Ley también es muy clara al respecto y no se está cumpliendo con la diligencia que se cumplen las anteriores. En ella hay dos apartados claramente diferenciados:
El primero dice que los créditos destinados a gastos corrientes de funcionamiento de los centros (los cuales no han subido ni un céntimo desde hace varios años) deben llegar a los mismos en dos plazos: un 30% antes del 30 de septiembre y un 70% antes del 31 de marzo. Pues bien, respecto al primer plazo, ya estamos a 9 de diciembre y los centros educativos de nuestra ciudad no han cobrado lo que les corresponde para su funcionamiento. El segundo plazo ya llevamos también algunos años que se está pagando en verano, una vez terminado el curso escolar. Esto significa que los centros docentes, no sólo han visto sus partidas presupuestarias congeladas, sino además, que no la han visto en las fechas que establece la ley. El miedo a no recibirlas ha generado una congelación de los gastos ordinarios por parte de los centros que repercute de forma muy negativa en el normal desarrollo de la vida de los mismos.
El segundo habla de créditos específicos que se asignan a determinados programas para su aplicación o puesta en marcha. Estas asignaciones no tienen fechas establecidas, pero se deben emplear en el año natural para el que se conceden. Este caso afecta en Melilla, por ejemplo, a los centros que impartían PCPI y ciclos formativos, cuyos alumnos debían realizar prácticas laborales en empresas de la ciudad. Los gastos específicos de estos programas relativos a los cursos 2012/2013 y 2013/2014 no han sido abonados todavía. No es de extrañar, pues, que las empresas afectadas pongan inconvenientes para acoger a alumnos nuevos. Esto representa un grave problema para los alumnos afectados. Otro caso es el de los Contratos-Programas que ya se han realizado en algunos centros durante el curso 2013/2014, causando los gastos correspondientes pero sin haber recibido la asignación específica comprometida por el MECD.
El sindicato CSI-F se pregunta: ¿Es el Ministerio de Educación el que está incumpliendo la ley no enviando los fondos para el funcionamiento de los centros en tiempo y forma o ya han llegado a la Dirección Provincial y ésta no ha procedido a su reparto? Lo que sí es cierto es que muchos centros tienen deudas adquiridas de cursos anteriores por culpa de ese incumplimiento y todos están maniatados en los gastos corrientes de funcionamiento sobreviviendo día a día como buenamente pueden.
