El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado este viernes que en el salto a la valla de Melilla que se produjo el pasado 24 de junio, y que terminó con una veintena de personas muertas en el lado marroquí, se produjo un rechazo en frontera a 470 personas «sin completarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales». Según ha explicado, esta es una de las primeras conclusiones a las que ha llegado sobre lo sucedido hace casi cuatro meses en la ciudad autónoma, tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Defensor ha explicado que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, según se recoge en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social que, además, en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla.
«Una situación de riesgo previsible»
Desde la institución se lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y se insiste en que «ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos».
Según ha explicado, del visionado de las imágenes recibidas en la institución se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.
Sigue abierta la investigación
El Defensor del Pueblo no ha dado por concluida esta actuación y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que, a su juicio, podrían ayudar a aclarar algunos extremos.
La institución mantiene abiertas actuaciones dirigidas a diversas administraciones, como el Ministerio de Exteriores, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Menores La Purísima (Melilla), el Servicio de Protección de Menores de la ciudad autónoma, la Dirección General de Política Interior, o la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social, para que aporten información o actúen tras los sucedido.
En relación a la Dirección General de Política Interior, el Defensor quiere conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de las personas que consiguieron acceder al CETI en dicha fecha –alrededor de 130 personas– y las incidencias apreciadas en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar.
El Defensor del Pueblo, en el marco de sus competencias, ha formulado además diversas recomendaciones y recordatorios legales al Secretaría de Estado de Seguridad para que se evite la repetición de episodios similares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Así, recomienda que se impulse la revisión de los protocolos de actuación que se activan con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Marruecos cuando se produzcan intentos de entrada irregular en los perímetros fronterizos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y urge desarrollar la disposición décima de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, de conformidad con la interpretación del Tribunal Constitucional.
Del mismo modo, quiere que se deje constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se potencie la información internacional a fin de prever situaciones de presión fronteriza extrema, con el objetivo de incrementar los operativos de atención humanitaria en el perímetro terrestre en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Recordatorios de deberes legales
En escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad, el Defensor ha incluido también varios recordatorios legales. Entre ellos el de «aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes».
También que «se impida cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de su actuación profesional»; o que se «dicten las órdenes oportunas par que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados».
