El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, volvió ayer a la sede judicial, 24 horas después de hacerlo por el caso del centro de menores de Rostrogordo, esta vez por la denuncia de la Fiscalía por el contrato de la grúa municipal. El dirigente melillense, que acudió a declarar junto a los exconsejeros Paula Villalobos y Julio Liarte, aseguró que solo firmó el desestimiento porque era su obligación como presidente. Además, afirmó que “esto viene de muy antiguo, del Gobierno anterior”, porque “terminaba el contrato y no preparó otro”, de modo que el Ejecutivo actual, al llegar, “se encontró que no podía hacer otro contrato mayor y había que hacer uno de emergencia” para seguir prestando el servicio. Durante el día de ayer, el presidente de la Ciudad de Melilla acudió al juicio por prevaricación administrativa tras la denuncia ciudadana en la que se exponían las presuntas irregularidades cometidas tanto por Eduardo De Castro, como por los ex consejeros Julio Liarte y Paula Villalobos cuando finalizó el contrato adjudicado al empresario Hamed Uassani, por el que “optaron por contratar los servicios, sin ningún tipo de sustento legal ni administrativo, a una empresa con grúas tercermundistas y a un familiar del Vicepresidente 2º de la Ciudad que tenía un depósito ilegal lleno de chatarra y borregos”, según se indica en el escrito que presentó un ciudadano ante la Fiscalía.
“Si un director general y los técnicos dicen que no se puede dar un contrato porque no cumple con las condiciones, después de haberle avisado de que tenían que aportar documentación y no hacerlo, la conclusión de la mesa de contratación es que hay que dejar dicho contrato”, ha indicado el presidente de la ciudad a su salida del juicio.
Asimismo, De Castro ha afirmado que esta situación vino generada por el gobierno anterior, que cuando terminó el contrato, en lugar de preparar otro, no lo hicieron.
En este sentido, ha expresado “sorpresa” por ver que ha sido la asociación de transparencia y buen gobierno, que se ha presentado como acusación popular, una asociación que, según ha indicado De Castro, está detrás Paz Velázquez, la que ha realizado la denuncia con su antiguo asesor.
“Hemos respondido a todas las preguntas por una sencilla razón, no hay nada que ocultar y como les he manifestado, no sé qué hago aquí por firmar algo que es una obligación para un presidente”, ha añadido.
“No conozco a los empresarios. Cuando llega este presidente lo que hace con la mesa de contratación, que en definitiva es la que ve los contratos, es profesionalizarla. En la mesa de contratación de este gobierno solo hay funcionarios, no hay ni un político como antes. No entiendo que podemos hacer más. No podemos vivir en un mundo al revés donde el atracador sea el bueno y el bancario sea el malo, esto es una cosa incomprensible”, ha añadido.
Además, ha incidido en que, desgraciadamente, la judicialización de la política es una estrategia que llevan a cabo algunos políticos, algo que no se da solo aquí en Melilla, también en otros muchos lugares del país y del mundo por gente que quieren acabar con el gobierno que hay a base de denuncias y persecuciones para que el responsable tire la toalla. “No voy a tirar la toalla. Seguro que tendré que venir más veces porque parece que esto de denunciar sale gratis, pero evidentemente, luego vendrá la respuesta a esas denuncias que yo considero falsas”.
“Venir aquí es perder el tiempo tanto para mí, como para la justicia y los consejeros, por lo que me parece lamentable, pues las cuestiones políticas se tienen que resolver en el ámbito político, no en el judicial”, ha sentenciado el presidente de la Ciudad, Educardo De Castro al respecto.
En su momento, la denunciante indicó que esta decisión dejó a Melilla sin un servicio esencial, pero no libró a la Ciudad del gasto del mismo”.
