Manifestó el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que tal como señalan los sindicatos UGT, USTM, CCOO y Csi-Csif en su escrito, es cierto que se viene desarrollando una reestructuración en la Consejería de Bienestar Social, algo que se ha había marcado entre los objetivos a desarrollar cuando entró a hacerse cargo de los Servicios Sociales «en base a muchos motivos». Pero manifiesta que se trata de «un movimiento de personas de una oficina a otra que no supone nada extraordinario, sino que ese trabajador social en cuestión va a seguir realizando el mismo trabajo pero en otro despacho» de los centros dependientes de la Consejería.
Aclara Daniel Ventura que para llevar a cabo esta reestructuración, al contrario que defiende la parte social, no estaba obligado a consultar a los sindicatos, «porque tengo potestad para hacer eso y además en base a la legislación laboral», aseveró. Con la reestructuración «lo que estamos haciendo es optimizar de la mejor manera posible los recursos que tenemos y dar una atención al ciudadano lo más correcta posible y que quede claro que nunca vamos a hacer nada que sea ilegal», aseguró.
Comisiones de servicio
El segundo asunto de conflicto que denuncian los sindicatos en su escrito es el de las comisiones de servicio «forzadas». En declaraciones a este Diario el consejero explicó cómo y porqué se adopta esta decisión. Así indicó que se solicitó a Recursos humanos cubrir 5 plazas de coordinador para los centros de servicios sociales, puestos que deben ocupar funcionarios de la administración y no personal laboral. «Se convocaron las plazas pero sólo acceden dos funcionarios, una a la de coordinador y otra a la de jefe de sección, pero como seguimos necesitando coordinadores en determinados centros, el siguiente paso, de nuevo con Recursos Humanos, fue solicitar los procedimientos legales para nombrarlos mediante una comisión de servicios por un año».
Se invitó a que estos puestos los cubrieran voluntarios, con el añadido de que «esto les supondría además un aumento en la nómina». Pero no hubo respuesta y «puesto que teníamos necesidad de contar con coordinadores, no nos quedó más remedio que solicitar comisiones de servicio obligatorias, eligiéndose a dos de los cinco funcionarios de la Consejería que podrían desempeñar esta labor», pertenecientes a la Dirección General de Servicios Sociales.
“No me gusta”
El consejero coincide con los sindicatos al reconocer que esta decisión no es la que más le gusta: «dicen que no les gusta, a mí tampoco, porque me hubiera gustado que voluntariamente hubiesen optado por cubrir los puestos porque es necesario que se haga». Daniel Ventura manifiesta que el motivo que le ha llevado a adoptar esta medida es que los centros de servicios sociales precisan de coordinadores, «necesitamos de alguien que controle y coordine y lleve de la mejor manera posible al personal».
Recordó que la comisión de servicio es por un año «con posibilidad de ampliarlo un año más y si en dos años seguimos teniendo las necesidades sin cubrir, recurriremos a otros dos funcionarios distintos para que hagan esta labor de coordinación». «Tenemos que hacerlo así porque lo que prima es que la administración funcione, máxime cuando estamos hablando de servicios esenciales como los servicios sociales, que no pueden paralizarse», matizó.
También reconoce, como señalan los sindicatos, que la Consejería precisa de más personal en los distintos centros y servicios, pero añade que las vacantes se cubren en función de las posibilidades que marca el techo de gasto establecido por el Gobierno central: «Nosotros solicitamos los puestos que tenemos vacantes y la administración, a través de recursos humanos, nos va mandando lo que puede dentro de esas limitaciones». Lo fundamental, indicó, es que Bienestar Social siga funcionando «porque a una familia que precisa ayuda no podemos dejar de atenderla».
No espera conflictos sindicales
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, descarta que la reestructuración y las comisiones de servicio obligatorias puedan motivar algún conflicto laboral y acciones de protesta por parte de los sindicatos. «El conflicto lo generan los funcionarios que no están de acuerdo con este tema y van a los sindicatos, pero con el resto del personal no hay problemas, porque hay trabajadores de la Consejería que quieren moverse de donde están y esto es algo que también hay que valorar «.
Al respecto indicó que se está a la espera de que el pleno de la Asamblea apruebe próximamente el nuevo régimen interno de los centros de servicios sociales donde «viene recogido que cada dos o tres años, los equipos en su conjunto o en parte, podrán ser movidos de unas oficinas a otras y las personas, podrán cambiar también de centro de trabajo, porque es algo bueno tanto para el personal como para los usuarios».
