Coalición por Melilla (CPM) aseguró ayer que si van a impugnar los presupuestos es porque entre otras cuestiones, en los casi 23 millones de euros que se destinarán a subvenciones, el 90 por ciento son nominativas y parte de ellas van en contra de la ley. Según la diputada de CPM, Dunia Almansouri, parte de las subvenciones, desde que se concedieron por primera vez e incluyendo las prórrogas, llevan dándose más de seis años, algo que no permite la legislación. Además, reprocha al Gobierno que tuvieran que aprobar los presupuestos con diversas partidas ausentes como son la de Inmusa o la Fundación Melilla Monumental. La diputada de CPM, Dunia Almansouri, asegura que si impugnarán los presupuestos es porque que algunas de las subvenciones recogidas en la partida de 23 millones de euros que hay previsto para ello, no cumplen con la ley.
En rueda de prensa, Almansouri explicó que según la Ley General de Subvenciones este tipo de ayudas entre las prórrogas que se realicen y el primer convenio firmado, no pueden superar los seis años. Todo ello, en el caso de que no exista una entidad que realice dichas funciones por las que se le concede la ayuda.
Esto no se cumple en el caso de asociaciones como Asis o Mujeres Vecinales, según Almansouri, quien insta a sacar dichas subvenciones a concurso público.
Por otro lado, aseguró que la aprobación de las cuentas no puede depender del titular o responsable de cada área o entidad dependiente de la administración local, como ha ocurrido en la aprobación de los presupuestos provisionales que no incluyen la financiación para Inmusa o la Fundación Melilla Monumental.
Almansouri señala que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice que para una correcta aprobación o ejecución "deben aprobarse de forma conjunta" y el procedimiento de elaboración indica que la aprobación "debe de ser previa".
Tal es así, apuntó la diputada de CPM, que tanto el Patronato de Turismo, como el Instituto de las Culturas, o la empresa pública Proyecto Melilla (Promesa) aprobaron antes sus presupuestos y en el caso de esta última, diputados de CPM pidieron tiempo para estudiarlos y la gerente se lo negó porque tenían que estar listos antes de pasar por la Comisión de Economía.
Enmiendas necesarias
La diputada de CPM quiso aclarar los detalles de algunas de las enmiendas que su formación presentó a los presupuestos. Sobre garantizar "una familia, un empleo", Almansouri advirtió que no se pretende "regalar nada a nadie" tal y como respondió la consejera de Economía, Esther Donoso, quien llegó a ironizar sobre esto asunto cuando "son las necesidades más importantes que tienen los ciudadanos", criticó la cepemista.
Sobre un IMI "flexible y adaptado", la diputada de CPM aseguró que actualmente "el pobre de hace 20 años, no es igual que el pobre de ahora", tras pasar una crisis económica que ha modificado los criterios de estas ayudas por eso solicitaban una modificación del reglamento del IMI.
Por otro lado, replicó a Donoso que el argumento de que CPM quiere "dar ayudas a todo el mundo" es falso, dado que una de las enmiendas es que se incluya una partida con el fin de "dotar los medios necesarios para el seguimiento de las ayudas y la inserción laboral de los usuarios de los Servicios Sociales". Así, CPM quiere evitar que haya personas que "vivan de las ayudas" y que Bienestar Social haga un seguimiento del usuario desde todas las áreas de forma transversal.
Sobre la propuesta destinada a las familias numerosas, Almansouri pide que se "complementen" los ingresos que ya reciben, dado que Ceuta y Melilla "son las ciudades con los mayores índices de natalidad" mientras que España en general es un país "que está envejeciendo progresivamente". Es el motivo, por el que cree que hay que "ayudar y proteger" a estas familias "valientes" que en el futuro "ayudarán a la economía de todo el país".
Pide a Bienestar Social que "no castigue por ser pobres" a los perceptores del IMI
La diputada de CPM, Dunia Almansouri, indicó que "viene a ser como un castigo" el hecho de que las personas que reciban el IMI lleven a cabo trabajos a la comunidad, tal y como vendrá recogido en el próximo reglamento que tramita Bienestar Social. Almansouri cree que debe ser un juez el que condene a alguien por cometer un delito con trabajos a la comunidad y no la administración local. Es por ello, que considera que "más que penalizar" se debe "sacar a esas personas de la situación" y "no castigándolos por ser pobres".
