La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, han anunciado esta semana la convocatoria en marzo de una huelga general de enseñanza, desde Infantil hasta la Universidad, para denunciar que la LOMCE sigue en vigor y que el pacto que se está negociando en el Congreso de los Diputados es solo político y no social.
Asimismo, denuncian que la Subcomisión parlamentaria para este fin lleva más de un mes sin convocarse y alertan de que el posible acuerdo se «dilate en el tiempo mientras se siguen aplicando la LOMCE y los recortes», tal y como ha subrayado el portavoz de la plataforma y presidente de CEAPA, José Luis Pazos. La convocatoria del 9 de marzo será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que el PP gobierna.
Todos los representantes de las nueve organizaciones convocantes (CEAPA, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes), han coincidido en subrayar que «la lucha en la calle» está siendo el medio más eficaz para defender la enseñanza pública y han advertido de que el pacto «no es un fin en sí mismo» sino que «lo importante es el contenido del mismo», que será sobre el que estas asociaciones debatirán.
Otro de los motivos por los que han convocado este paro en todos los niveles de enseñanza, es el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de la decisión del Congreso de los Diputados de parar la LOMCE, una decisión que consideran «inaceptable». Asimismo, han alertado de que los compromisos de déficit de España con Bruselas pueden conllevar un recorte de «mil millones de euros para la Educación». «No aceptamos ni un solo euro de recorte más», ha afirmado Pazos.
La representante del sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, ha reiterado que el Pacto educativo se está negociando «a espaldas del profesorado, por mucho que el ministro diga que es el motor del cambio» y ha apuntado que se niegan a que la participación del profesorado en el acuerdo se reduzca a una intervención de «diez minutos» en la Subcomisión parlamentaria.
