El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, hizo ayer un llamamiento a la tranquilidad en medio de la polémica sobre las oposiciones para adjudicar 10 plazas de la Policía Local, después de que un grupo de aspirantes eliminados en las últimas pruebas hayan anunciado que van a impugnar. Este asunto fue abordado ayer en la reunión ordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, donde los grupos de la oposición mostraron su interés por este asunto. Como ya hicieron en días anteriores la viceconsejera de Administraciones Públicas, María de los Ángeles Gras, y el consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, Conesa defendió ayer en rueda de prensa la actuación “objetiva e independiente” de los tribunales de oposiciones.
El consejero explicó que es necesario esperar a que los “supuestos perjudicados” en estas oposiciones presenten las correspondientes reclamaciones, tras lo cual la Administración podrá adoptar decisiones en función de los informes jurídicos preceptivos.
También dejó claro que la Administración no puede irrumpir en un proceso selectivo, salvo cuando se le presentan reclamaciones contra los actos del tribunal, ya que lo contrario es ilegal.
Insistió en que, errores al margen, hay que presuponer que el tribunal de oposiciones, formado únicamente por funcionarios, actúa “con absoluta independencia” y “de la manera más objetiva” en el desarrollo de las pruebas establecidas en las bases, ya que no hay intervención de la Administración, de políticos ni de sindicatos en sus decisiones y deliberaciones.
“Al tribunal le presuponemos buena fe y una actuación de acuerdo con su leal saber y entender”, insistió Conesa, que aseguró, además, que cuando sean presentadas las reclamaciones, serán estudiadas “con detalle” y resueltas “como los técnicos de la Casa estimen en Derecho”.
También recordó que en la celebración de oposiciones “es habitual” que se presenten reclamaciones y que éstas lleguen a la Justicia, que es “el último estadio” al que debe someterse la Administración.
