Cinco organizaciones de derechos humanos han presentado este viernes una querella para que la Justicia investigue el intento de salto a la valla entre España y Marruecos en la ciudad autónoma del 24 de junio de 2022, en el que fallecieron 23 migrantes, según datos de Marruecos, cifra que las ONG elevan a 40.
Esta querella ha sido presentada ante un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Melilla por Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38, según han informado a MELILLA HOY fuentes de las organizaciones querellantes.
Con esta querella, estas entidades solicitan una investigación de “la tragedia del 24J”, en la que aseguran que 37 de los migrantes que trataron de acceder a Melilla fallecieron ese mismo día, a los que se suman otros tres que murieron días después, mientras que otras 77 personas están desaparecidas “por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos y España” y 470 “fueron devueltas ilegalmente”.
Esta querella “es la única opción que les queda a las víctimas en este momento de que sean escuchadas y puedan acceder a la Justicia”, argumentan desde las ONG querellantes, que llevan trabajando en esta vía desde hace tiempo y que ha sido presentada apenas unos días después de que el Defensor del Pueblo finalizara su investigación.
La investigación liderada por el Defensor del Pueblo tiene una diferencia de criterio con respecto a la investigación de la Fiscalía General del Estado “sobre las devoluciones en frontera”, que, a juicio de estas entidades sociales, “ha sido insuficiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas aquel día”.
Además, entienden que “no ha cumplido con los estándares de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho las víctimas y sus familias”.
Las ONG, en un comunicado, han señalado que en este intento de entrada, del que se va a cumplir un año la próxima semana, participaron unas 2.000 personas refugiadas y migrantes, que intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla, donde “las fuerzas policiales marroquíes y españolas empezaron a hacer uso de material antidisturbios, botes de humo, lanzamiento de pelotas de goma, gases lacrimógenos, lanzamiento de piedras, etc”.
Estas cinco entidades entienden que los hechos ocurridos ese día “son lo suficientemente graves como para iniciar este proceso judicial con el objetivo de solicitar la apertura de una investigación exhaustiva y pormenorizada bajo el amparo del derecho internacional de los derechos humanos”.
Además, han recordado que la Justicia española no ha realizado investigaciones independientes ni imparciales “y ninguna persona ha sido llevada ante la justicia por esta masacre”.
En un comunicado, Helena Maleno, del Colectivo Ca-Minando Fronteras, considera que esta querella “es la única opción que les queda a los sobrevivientes, a las víctimas y a sus familiares para conocer la verdad y para obtener justicia y reparación”.
También “para que sus voces y testimonios sean escuchados, siguiendo los estándares de protección y seguridad adecuados a su situación, ante las graves vulneraciones de derechos cometidas».
Por su parte, Sonia Ros, de Associació Lab 38, ha mostrado la confianza de las ONG querellantes en que la justicia “va a realizar una investigación independiente e imparcial por los hechos denunciados, en la que se identifiquen los responsables de las actuaciones que produjeron tan graves consecuencias y se depuren responsabilidades”.
Estas cinco organizaciones de la sociedad civil confían en que la Justicia “colabore en garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos”, ha añadido Ros.
