Insisten en que hasta el momento la vicepresidenta de Melilla “falta a su compromiso público” y continúa sin concretar al sindicato la cita para el encuentro “de cara a ilustrarse sobre la caótica situación provocada por la ciudad a sus empleadas como técnicos educativos”.
Manifiestan desconocer qué excusas pondrá ahora para intentar justificar que aún no se haya puesto en contacto con esta Organización Sindical, ni con las técnicos educativos, “es posible que esté aprovechando para instruirse y no volver a decir ante la prensa algunas de las burradas que se le han oído, como que una persona que tiene contrato de media jornada debe cotizar solo medio día, demostrando un desconocimiento supino de la legalidad o una mala fe desmesurada”.
Mientras tanto, CGT, que ha declarado que “la ciudad nos deja en pañales”, ha legalizado ante la Delegación del Gobierno, el acto reivindicativo previsto para el día 1 de septiembre, a las 11:00h, en Plaza de España, a las puertas de Palacio de la Asamblea.
Por otra parte ha puesto en marcha una campaña en redes sociales, dando a conocer públicamente la situación de las técnicos educativos en Melilla y anunciando la concentración prevista para el día 1, en espera de que la Inspección de Trabajo resuelva las múltiples denuncias presentadas, tanto por las personas afectadas, como por CGT.
El Secretario General de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, visitará la Ciudad para participar en la protesta convocada y para mantener una reunión con varios colectivos de trabajadoras/es que “requieren de otro modo de hacer sindicalismo en Melilla”, afirman.
Las reivindicaciones básicas de los técnicos educativos que recuerda el sindicato son, la regularización de las cotizaciones de los días efectivamente trabajados para la Ciudad; la regularización y abono de las diferencias por trienios, derivados de no computar las antigüedades reales a cada una de las trabajadoras; la puesta en marcha inmediata de una OEP con al menos 150 plazas de Técnico Educativo para el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, eliminando con ello la sombra de la subcontratación privada y la regularización económica y cotizaciones de las cuantías adeudadas a las técnicos educativas contratadas mediante los planes de empleo.
