La Federación de Sanidad de CCOO inició ayer una campaña para explicar la entrada en vigor y aplicación del Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, y es que según explicó Los responsables a nivel nacional de la Federación de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel Saiz y Francisco López, presentaron ayer la campaña que impulsarán en todo el Estado para informar sobre el Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios.
En concreto, en el día de ayer celebraron dos asambleas en dos turnos en el Salón de Actos del Hospital Comarcal, y es que según relataron la puesta en marcha de esta norma tal y como está redactada provoca "inseguridad jurídica", en especial en el colectivo de enfermería en el que está generando una situación de 'in pass'.
López explicó que este Real Decreto es el desarrollo de uno de los artículos de una ley aprobada hace seis años, la Ley del Medicamento, y se lleva a cabo con el fin de que las enfermeras pudieran "recetar productos sanitarios y medicamentos", una cuestión, aseveró, que "en la práctica se venía haciendo con el consenso del personal médico".
Sin embargo, la norma da a entender, según el dirigente sindical, que hasta para cosas de uso cotidiano consideradas como productos sanitarios, como son gasas, pañales o vendas, el colectivo de enfermería debe "pasar por un proceso de acreditación, que actualmente es imposible de realizar".
Asimismo, si se lleva a cabo una "aplicación estricta" del real decreto "todo el personal de enfermería para desarrollar su actividad, debería contar con la previa autorización del médico", advierten desde CCOO. Tal es así, apuntó el responsable sindical, que en algunas regiones se ha llegado a "poner en tela de juicio" si es posible poner la vacuna contra la gripe.
Aún así, López llamó a la "tranquilidad", ya que no se trata de crear "un conflicto" entre médicos y el personal de enfermería y aseguran que en gran parte de las regiones o se ha solicitado un Consejo Interterritorial o se ha llevado directamente la norma al Supremo. Por ello, Saiz aseguró que sino existe una solución "política" a la modificación de dicho decreto, tendrá que ser en los tribunales.
