Casi 120 organizaciones de la sociedad civil de todo el territorio español han firmado una carta, entregada este lunes a los diputados de la Comisión de Interior del Congreso que han viajado a Melilla, para pedir que se investigue el salto a la valla del 24 de junio.
Representantes de Solidary Wheels, una de las entidades firmantes, han entregado copias de estas cartas a los diputados Jon Iñarritu (EH Bildu), María Carvalho (ERC) y Enrique Santiago (Unidas Podemos), los únicos que se han acercado a las activistas y a la prensa tras visitar el paso fronterizo de Barrio Chino, y les han pedido que las repartieran al resto.
En concreto, piden una comisión de investigación en el Congreso para que se esclarezca “qué influencia tuvo en el resultado de muertes tanto el uso de material antidisturbios por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas hacia esa zona, así como de la inacción de las autoridades para realizar tareas de rescate”.
Asimismo, quieren saber qué parte de los hechos se produjeron en territorio español.
Otra de las peticiones es que España “cumpla con sus obligaciones internacionales respecto a la búsqueda de personas desaparecidas”, 77 según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), y de protección internacional, garantizando vías legales y seguras, como la solicitud en embajadas y consulados de España.
De igual modo, reclaman el fin de las devoluciones en caliente y la garantía de la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al derecho de solicitar asilo y la atención individualizada, así como la depuración de responsabilidades, la reparación a las víctimas y la garantía de que no se repita lo sucedido.
Entre las 116 ONG firmantes están CEAR, Save the Children, Solidary Wheels, Iridia, Novact, Servicio Jesuita a Migrantes, Elín, MDLR, Geum Doudou y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Todas ellas muestran su preocupación “ante la extrema gravedad” que, a su juicio, supone “que aún no se haya esclarecido” lo sucedido el 24 de junio en la frontera, “donde al menos 23 personas, 37 según organizaciones locales, murieron al tratar de cruzar la valla”.
Estas entidades se refieren al reportaje de la BBC, que “cuestiona la versión del Ministerio de Interior y evidencia la necesidad de una investigación judicial”.
“La evidencia recientemente publicada señala cómo en la zona del Barrio Chino, las fuerzas de seguridad marroquíes hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza en una zona parcialmente controlada por la Guardia Civil y que, según el catastro, es territorio español”, han agregado.
Asimismo, apuntan que unas 700 personas “se quedaron encerradas en este espacio” del paso fronterizo, “lo que provocó muertes por sofocamiento sin que las autoridades españolas facilitaran asistencia médica”, y “se constató la actuación de agentes marroquíes en territorio español, ejecutando devoluciones sumarias y el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza”.
A ello se une la investigación del Defensor del Pueblo, según la cual se habrían producido 470 rechazos en frontera sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales y sin haber aplicado la garantía de no devolución de personas en situación de vulnerabilidad o con necesidades de protección.
“Esto es especialmente preocupante atendiendo que la mayoría de las personas provenían de países con altas tasas de reconocimiento de necesidad de protección internacional”, han agregado las ONG.
