Se espera de los responsables políticos que asuman su actividad, la política, entendida, según el diccionario de la Real Academia, como la “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”, contribuyendo con sus actuaciones a la mejora del bienestar de los ciudadanos sobre la base de unas determinadas convicciones.
En lo referente a nuestras relaciones con los países del Magreb, nuestros vecinos del norte de África, los ciudadanos se preguntan, después de casi seis años de gobierno del presidente Sánchez, cuáles son las convicciones sobre las que éste apoya sus actuaciones en esta materia, o, peor aún, si tiene alguna diferente a la conservación de “su persona” en el puesto que ocupa, desde que en junio de 2018, alcanzara la presidencia del gobierno tras la moción de censura presentada contra su predecesor, Mariano Rajoy.
Dos meses después de su investidura, precisamente el 31 de julio de 2018, Marruecos decidió cerrar, unilateralmente, la aduana comercial entre España y Marruecos, en el paso fronterizo de Beni Enzar, de Melilla, tras 152 años de existencia continuada. Casi seis años después y tras innumerables anuncios de constituciones de grupos de trabajo, pruebas de funcionamiento (de algo que venía funcionando con normalidad) y nuevos requisitos técnicos a satisfacer, la aduana continúa cerrada, siempre por parte marroquí. Los españoles venimos diciendo desde el primer día, que, por nuestra parte, todo está en orden.
Al comienzo de la pandemia, en 2020, Marruecos decidió, como de costumbre de manera unilateral, cerrar los pasos fronterizos terrestres entre España y Marruecos en las ciudades de Ceuta y Melilla, dejando ciudadanos marroquíes y españoles confinados a ambos lados de la frontera, a algunos de los cuales, les costó más de un año volver a su respectivo país de origen, atravesando múltiples dificultades administrativas planteadas, siempre, por Marruecos.
A comienzos de 2021, como consecuencia de lo que se denominó el caso Ghali, el gobierno español facilitó la atención sanitaria en un centro de nuestra nación al líder saharaui, Brahim Ghali, sin haber tratado el asunto con nuestros vecinos marroquíes, lo que provocó la queja de Marruecos y la llamada a consultas de su Embajadora de Madrid, que se prolongó por más de un año. Tras esa queja, en mayo de 2021, Marruecos propició el acceso de una decena de miles de ciudadanos suyos a través de las fronteras terrestres entre ambos países en la ciudad de Ceuta, con el consiguiente colapso de la ciudad y la reacción del Parlamento Europeo, que criticó contundentemente la actuación de Marruecos, advirtiéndole de que las oleadas migratorias para ejercer presión sobre un país de la Unión Europea eran inaceptables. El gobierno de España respiró aliviado por el respaldo europeo, promovido por parlamentarios españoles, pero no adoptó iniciativa específica alguna que consolidase ese respaldo, de cara a las relaciones bilaterales de España y de la Unión Europea, respectivamente, con Marruecos.
En abril de 2022, de manera sorprendente, la opinión pública española tuvo conocimiento, por filtraciones del gobierno marroquí, de que el Rey de Marruecos había recibido una carta del presidente español, por la que se modificaba la tradicional postura de España en relación con el proceso de descolonización del Sahara.
En esa carta, de redacción deficiente en castellano, por lo que se sospechó que la lengua original de la carta pudiera haber sido el francés, se admitía por primera vez, por parte de España, la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española, considerando el acceso a la autonomía como la solución más adecuada posible a este largo proceso. Eso provocó la llamada a consultas del Embajador argelino en España, aunque, como consecuencia de la misma actuación, regresara a España la Embajadora marroquí, que había marchado un año antes.
Tras una Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos el 1 y 2 de febrero de 2023, con muchos compromisos, pero ningún resultado concreto en la que lo más destacado fue el “no encuentro” entre el presidente español y el monarca marroquí, llegamos a la reunión de este año.
El pasado día 20 se anunció que el día siguiente, el 21, el presidente Sánchez sería recibido en Rabat por Mohamed VI. El presidente hizo las maletas y se desplazó raudo a ser recibido por el monarca, sin que, como resultado de la reunión, cambiase nada en relación con las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, más allá de una renovación de la promesa de que “están en ello”, siendo la aparición pública de Sánchez, tras la reunión, para anunciar un plan de inversiones públicas de nuestros vecinos, cifrado en unos 45.000 millones de euros de los que Sánchez pensaba que muchas empresas españolas podrían beneficiarse.
También se ha sabido, con posterioridad, que el presidente ha desbloqueado el proceso de traspaso del control del espacio aéreo sobre el Sahara desde Canarias, desde donde se realiza en la actualidad, a Marruecos, lo cual tiene sumido en el desconcierto a los organismos internacionales de control del espacio aéreo, por no estar clara la legalidad de esta medida, por lo que se percibe como un nuevo motivo de descrédito internacional para España. De igual manera, la cesión de control de espacio aéreo en favor de un país que no ejerce la soberanía sobre el mismo, aunque la reivindica, puede propiciar su acceso a la misma por vías ajenas a la legitimidad internacional.
Da la impresión de que el gobierno español de Pedro Sánchez no tiene un proyecto claro y definido para las dos ciudades españolas ubicadas en el norte del continente africano y el conjunto de islas españolas, igualmente existentes en la misma zona, a diferencia de lo que ocurre con la contraparte marroquí, que sí parece tener un objetivo para la región, que no cesa de reivindicar, sin el más mínimo respaldo internacional, lógicamente.
Tal parece como si en el ámbito de las relaciones exteriores, que, lógicamente, no se refieren exclusivamente a nuestras relaciones con el Magreb, el gobierno español estuviese profundamente afectado de una aparente, pero determinante y profundamente nociva ausencia de convicciones.
(* Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador del PP de Melilla)
