Andalucía, tras 33 años gobernada por el PSOE, sin que haya conocido alternancia en el poder, se encuentra en una encrucijada de la que necesita salir hacia el progreso. Tiene un 35% de paro de su población activa que es más de 10 puntos respecto a la media nacional; el 60% de sus jóvenes son desempleados; el nivel de educación, según PISA, es inferior al media nacional; tiene 8,5 millones de habitantes y genera el 13,5% del PIB nacional, lo que da una renta per cápita muy por debajo de la media. Así, no puede ni debe continuar Andalucía, y su salida no puede ser con un giro a la izquierda como anuncia el programa del PSOE presionado por las ideas del Podemos en una carrera que incluye la Renta Básica Universal de los menores de 65 años. Este tipo de ofertas no deberían ser permitidas pues son una irresponsabilidad presupuestaria e implican puro “ventajismo electoral”.
En las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía del 22 de marzo de 2015 se elegirán 109 diputados y, según las encuestas, ninguno de los partidos que salen como vanguardia: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos alcanzarán la mayoría absoluta y el ganador habrá de apoyarse en algún otro, incluidos UPyD e IU, para formar el nuevo gobierno. El nuevo gobierno debe salir del “impasse” del paro y separarse de la línea puramente socializante; vale la pena dejar que fluya el mérito, la excelencia y la competencia.
Los dos partidos principales han ofertado unos programas muy extensos, pero sin números. Faltan las cifras; no aluden a la evolución del PIB de Andalucía de los últimos años, ni la de la población ocupada y desempleada, ni al presupuesto de ingresos, gastos, déficit, deuda, ni a los ingresos por financiación autonómica, de los que sólo se habla de insuficiencia. Sin embargo, el programa socialista dice que propone reclamar al Estado por infraestructuras y deuda histórica de 24.000 millones de euros (propuesta nº 271). Los números son imprescindibles para justificar las propuestas presentadas e influyen en la determinación del voto ciudadano.
El programa del PSOE contiene 219 páginas e incluye 580 medidas de gobierno; este aluvión de propuestas de planes, proyectos, observatorios, subvenciones y creación de organismos públicos sin una evaluación de costes no permite formarse una opinión razonable.
El programa de gobierno del PP es también apabullante; son 139 páginas en donde se enumeran propuestas de todo orden que se sustentan en tres pilares fundamentales: la alternancia política; la defensa de la Constitución como garantía de la igualdad y solidaridad de todos los territorios de España y el tercer pilar, Europa, que ha propiciado con sus fondos y ayudas el desarrollo andaluz. Propone el PP que “la vieja Andalucía del socialismo del pasado tiene que dar paso a una Andalucía nueva destinada a protagonizar el impulso definitivo de su desarrollo político, con más transparencia en la gestión …que siente las bases para el crecimiento económico y del empleo mediante la cultura del reformismo”.
Partiendo de las ideas aludidas cabe aludir a 4 puntos clave sobre los que puede versar un plan lógico de gobierno en Andalucía para salir de su doble crisis, la general y la particular de tanto clientelismo: democracia, impuestos, la empresa como generadora de empleo y la reforma de la administración autonómica.
1.- Sobre la calidad democrática y la corrupción. Los dos partidos mayores, acertadamente, consideran la corrupción como una lacra intolerable y reivindican ejemplaridad y exigencia de responsabilidad de los gestores. Los socialistas (no citan los ERES ni fondos de formación) proponen la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la corrupción en Andalucía (pág. 35) y, también, ampliar el papel de la Cámara de Cuentas.
En vez de proponer esta nueva oficina de Prevención (que conllevará su organigrama de personal y distribución territorial) sería más sencillo plantear un modelo simple de portal de transparencia del gasto público y de la contabilidad de cada órgano administrativo; y respeto a las denuncias por posible corrupción debería recordar las vías existentes de acción ciudadana (cuando hay delitos) a través de la policía, la fiscalía y los juzgados. Respecto al seguimiento de los ingresos y gastos de los partidos políticos también sería idóneo ese portal, y para ambos casos, sería útil pedir una auditoria profesional de los entes públicos, previo a la acción de la Cámara de Cuentas. Esta fórmula sería más sencilla, inmediata y barata.
2.- Sobre el sistema impositivo. La propuesta del PSOE contiene multitud ideas para crear figuras impositivas (verdes, medioambientales), recargos, etc. Ello sólo lleva a aumentar la presión fiscal directa (sobre los contribuyentes) e indirecta (por el aumento de estructuras para la gestión y recaudación). Sin embargo sería más acertado tratar de atraer inversores e inversiones planteando reducción de impuestos y de cotizaciones sociales. El programa de UPyD acierta (p. 265) al proponer reformular “los tributos autonómicos cuya recaudación es territorial y que sólo sirven para complicar el ya de por sí enrevesado panorama fiscal actual” y revisar los impuestos transferidos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones para evitar discriminaciones y deducir el ITP y el AJD y anular el “Impuesto de los pobres” por el aval personal en los préstamos existentes.
3.- El llamado derecho al emprendimiento. El programa del PSOE pretende garantizar el “derecho al emprendimiento” con una oferta completa de apoyos (pág. 66). Así, vemos que ahora la libertad de empresa se la denomina “derecho al emprendimiento”; es algo innecesario e inocuo ya que el art. 38 CE dice: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantiza y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad…” Es curioso pero el partido socialista, súbitamente, se ha convertido en animador y promotor de empresarios; incluso facilitará el “aprendizaje de los emprendedores”; propone una constelación de ayudas, oficinas, mecanismos oficiales, apoyos, etc para “cuidar” al emprendedor que puede llegar al paternalismo. El PP abunda en la idea de promover el emprendimiento aunque sin tanta protección y ayuda oficial.
En realidad, lo que necesita el emprendedor es algo muy sencillo: que no le frenen con trámites, licencias o permisos, ni le carguen con nuevas (o excesivas) tasas, impuestos, ni con cotizaciones sociales. Es muy llamativo que (pág. 91) los socialistas plantean una “Ley de Renta Básica Social en desarrollo del Estatuto de Autonomía, que integrará las prestación económica que la Comunidad Autónoma viene concediendo bajo distintas fórmulas desde 1991 para garantizar unas condiciones de vida digna a las familias beneficiarias”. Incluso lo eleva al rango de “derecho”, diciendo: “supondrá un derecho subjetivo no discrecional para personas menores de 65 años y residentes en Andalucía…”. Todos defendemos que es necesario luchar contra la pobreza pero otra cosa, muy diferente, es dar una renta básica universal a los menores de 65 años; resultaría disuasorio respecto a la ambición de promoción y de la movilidad individual.
4.- Sobre la reforma de la Administración pública. Se limita el programa del PSOE a decir que desde 1 de enero de 2012 se han suprimido 132 organismos y empresas públicas, y no manifiesta interés en reducir el tamaño de la administración que, dice, es incluso inferior al de la media de OCDE. También el programa socialista vuelve a apostar por la Banca pública regional. Tras el fracaso de las Cajas de Ahorro, y la gran racionalización producida por la titularidad estatal de Bankia y otras Cajas, de nuevo, plantean la creación de un sistema financiero regional público. ¡Qué error! Otra vez la presencia pública y de los políticos en entes financieros y ahora pretenden sean nutridos por el Presupuesto. Están desfasados, las circunstancias han cambiado en Europa y el BCE financia a los Bancos a coste simbólico y hay gran oferta de servicios bancarios.
CONCLUSIÓN: Andalucía tiene alrededor de 1,5 millones de personas desempleadas, lo que representa el 35% de su población activa y debe aprovechar estas elecciones al Parlamento Autonómico para debatir cómo prevenir la corrupción y acabar con el clientelismo. Debe cambiar el rumbo político y económico apostando por la modernidad, por la excelencia en la educación, reconociendo el mérito y el esfuerzo para la promoción personal y empresarial. Parece que se ha planteado una subasta entre los partidos de izquierda para ver quien promete más subvenciones, rentas básicas universales y ayudas públicas, pero esa carrera no es hacia la izquierda, es una carrera hacia atrás.
