El presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, y tres de sus cinco consejeros en el Gobierno de Melilla, Hassan Mohatar, Rachid Bussian y Mohamed Ahmed, se sentarán en el banquillo de los acusados como presuntos autores de un delito de resistencia grave a los agentes de la autoridad, previsto en el artículo 556 del Código Penal. Los cuatro se encuentran entre los 11 procesados en este procedimiento, para los que la Fiscalía pide para los 10 procesados un año de prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de cumplimiento de la condena, además de las costas procesales.
El juez ha decretado la apertura de juicio oral en un auto al que ha tenido acceso MELILLA HOY, en el que se juzgará si Aberchán, Mohatar, Bussian y Ahmed, además de los otros seis procesados, entre los que se encuentran otros miembros de CPM, son responsables de los hechos de los que se les acusa, que se remontan al 16 de agosto de 2017, una jornada de importante tensión en la frontera de Beni-Enzar.
El presidente cepemista y los tres actuales consejeros eran entonces diputados de la oposición en la Asamblea de Melilla y trataron de pasar a la ciudad, junto a los otros procesados, 11 borregos procedentes de Marruecos que estaban retenidos en la frontera de Beni-Enzar.
Los borregos, después de casi 24 horas en la frontera, fueron “reexpedidos”, es decir, devueltos a Marruecos, a pesar de que sus dueños trataron de impedirlo rodeando la furgoneta de transporte y ‘encadenándose’ por los brazos. Dos de ellos fueron detenidos mientras fuera, en la rotonda de la frontera, decenas de musulmanes se movilizaban con una sentada que bloqueó durante varias horas el tránsito de entrada a Melilla.
Desde CPM se afirmó durante aquella jornada que sus diputados habían sido también detenidos, extremo que negó posteriormente la Delegación del Gobierno, que en aquella época estaba dirigida por el popular Abdelmalik El Barkani.
Según la Delegación del Gobierno, los corderos que se pretendían pasar “no contaban con toda la documentación necesaria” y fueron “reexpedidos siguiendo las normas aduaneras y la legislación vigente”. CPM, sin embargo, recurrió a Twitter para intentar desmentir a El Barkani, a quien llamó “dictador” y le dijo que no tenía vergüenza porque en la hoja de la aduana no se aludía a esas razones para impedir el paso de los animales. En la foto del documento, que colgó CPM en la red social, se podía leer que el motivo era “no existe autorización de la explotación de destino para recibir a los animales”, el matadero, según habían solicitado los dueños de los corderos.
Tensión fuera de la frontera
La situación se prolongó durante prácticamente todo el día, una espera que desembocó en una tensión creciente en las inmediaciones de la frontera con una movilización de decenas de personas, entre ellas, otros miembros del actual Gobierno de Melilla, como las viceconsejeras Yonaida Sel-lam y Fatima Mohamed Kaddur.
La situación llegó a un punto, ya por la tarde, que tuvieron que intervenir los agentes antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y, tras un intento de disolver la protesta, posteriormente se limitaron a ejercer de barrera fronteriza para impedir que nadie accediera a la zona restringida, por la cual salieron entre vítores, al final de la tarde, Aberchán y los tres consejeros, además del resto de personas que intentaron pasar los borregos.
A juicio
La Delegación del Gobierno y el Ministerio Fiscal aparecen como denunciantes de aquellos hechos que han derivado ahora en la apertura del juicio oral, según el auto fechado el 16 de febrero, al que ha tenido acceso este Diario.
El escrito de acusación de la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de resistencia grave a los agentes de la autoridad y pide por ellos un año de prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de cumplimiento de la condena, además del pago de las costas procesales.
El juez decreta la apertura de juicio oral, que celebrará el Juzgado de lo Penal de Melilla.
