El presidente melillense cifra en 184 los menores extranjeros acogidos, más del doble del límite fijado por el Estado, mientras el PP impulsa una reforma para permitir los rechazos en frontera por vía marítima
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha advertido este miércoles del fuerte incremento registrado en el número de menores extranjeros no acompañados (MENA) acogidos en la ciudad durante los dos últimos meses. Según ha señalado, desde junio hasta el 29 de julio el aumento ha sido del 80%, situando a Melilla muy por encima de la capacidad de acogida asignada por el Gobierno central.
Imbroda ha explicado que el Estado fijó en 84 el número máximo de menores que debía atender la ciudad, aunque en la actualidad esa cifra asciende a 184. «Está más que duplicado y la tendencia es ir a muchos más», ha afirmado.
Las declaraciones del presidente melillense se producen en plena crisis migratoria en Ceuta, donde en apenas una semana han accedido a la ciudad más de 1.500 migrantes, entre adultos y menores, la mayoría por vía marítima.
Ceuta plantea medidas urgentes
Ante esta situación, el Gobierno de Ceuta ha propuesto un paquete de actuaciones para hacer frente a la emergencia migratoria y evitar que se repitan episodios similares en el futuro. Entre las medidas planteadas figura la modificación de la Ley de Extranjería para recuperar la figura del rechazo en frontera en las entradas irregulares por mar, además del traslado de adultos y menores a otras comunidades autónomas, el refuerzo de efectivos y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una mayor colaboración con las autoridades marroquíes para contener los flujos migratorios.
El presidente ceutí, Juan Vivas, también ha reclamado la creación de un «mando único» que permita coordinar de forma ágil y eficaz la gestión de la crisis junto al Gobierno central, además de instar a los grupos parlamentarios a alcanzar un consenso para reformar la legislación vigente.
Vivas ha advertido de que, si el ritmo de llegadas continúa y no se adoptan medidas «adecuadas y proporcionales», Ceuta podría alcanzar en breve cifras similares a las registradas durante la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron desde Marruecos.
La propuesta del PP
El debate coincide con la Proposición de Ley registrada esta semana por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, impulsada por la diputada nacional por Melilla, Sofía Acedo, para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.
La iniciativa pretende permitir la aplicación del rechazo en frontera tanto en las entradas irregulares por vía terrestre como marítima en Ceuta y Melilla, tras la reciente interpretación del Tribunal Supremo que limita esta medida a los casos en los que el acceso irregular se produce superando elementos físicos de contención, como las vallas fronterizas.
Acedo ha defendido que la realidad migratoria ha cambiado desde la reforma legal de 2015, ya que actualmente buena parte de las entradas irregulares se realizan bordeando los espigones o alcanzando las costas a nado.
Según la parlamentaria popular, la reforma no crea una nueva figura jurídica, sino que corrige una limitación puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo. En este sentido, ha subrayado que el texto mantiene expresamente el respeto a los derechos humanos, al Derecho de la Unión Europea, al principio de no devolución y al derecho de acceso a la protección internacional.
La diputada ha señalado que, tras la sentencia del Alto Tribunal, existen dos alternativas: instalar nuevos elementos físicos de contención en el mar o adaptar la legislación para que el rechazo en frontera no dependa exclusivamente de la superación de barreras materiales. «Hemos optado por esa segunda vía», ha indicado.
La propuesta establece que el rechazo en frontera pueda aplicarse cuando una persona sea detectada o interceptada intentando acceder de forma irregular y flagrante a través de la frontera terrestre o marítima de Ceuta o Melilla.
Finalmente, Acedo ha pedido al Gobierno central que respalde la iniciativa al considerar que coincide con el criterio defendido por la Abogacía del Estado y ha sostenido que el mar constituye una línea fronteriza con el mismo valor jurídico que la frontera terrestre a efectos de la actuación de la Guardia Civil.
