El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente la impugnación por «indebidas» de la tasación de costas procesales a pagar por el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después del juicio en el que fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De esta forma, las reduce a 39.009,48 euros, la mitad de la primera cifra.
Así consta en un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Supremo, recogido por Europa Press y que puede ser recurrido.
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa –que fue abonado por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta– y a sufragar los gastos procesales.
El pasado febrero, el Supremo calculó en 79.942,70 euros esas costas del proceso judicial y tanto la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, como la Fiscalía recurrieron esa cantidad por considerarlas indebidas y excesivas.
Ahora, el alto tribunal estima la impugnación por indebidas y reduce la minuta del abogado y del procurador, al excluir de las costas diferentes recursos, después de que el letrado de González Amador pidiera casi 80.000 euros por sus honorarios.
El Supremo además acuerda continuar la tramitación de la impugnación de García Ortiz y la Fiscalía frente a la tasación por excesivas, remitiendo las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española para que emita informe o designe a otro colegio para la realización conjunta con el Colegio de la Abogacía de Madrid.
750 EUROS POR RECURSO O 250 POR INTERROGATORIO
El letrado de la pareja de Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito en el que esgrimía «una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal» para justificar sus honorarios.
Rodríguez Ramos argumentó que «nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró».
Y señalaba una «pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento», el aforamiento de García Ortiz, la «destrucción» de archivos o la posición de la Fiscalía, favorable a la absolución del que fue su jefe.
Por todo esto, el letrado avisaba de «la falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas».
Rodríguez Ramos tasaba, por ejemplo, en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios –cerca de una veintena– o en 750 euros cada uno de los recursos de apelación aportados al tribunal.
