El diputado de CPM defiende que la fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía marcó “un antes y un después” para la ciudad y reclama su reforma para reforzar el autogobierno
El diputado de Coalición por Melilla (CPM), Emilio Guerra, ha manifestado este viernes que el 13 de marzo debería ser declarado fiesta local y conmemorarse como el “Día de Melilla”, al cumplirse 31 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla. Esta medida supondría sustituir la actual fecha de la ciudad, el 17 de septiembre, en la que se conmemora la llegada en 1497 de Pedro de Estopiñán y Virués, en nombre de la Corona de Castilla y por iniciativa del Duque de Medina Sidonia, para tomar posesión de Melilla.
Guerra ha señalado que esta norma supuso “un antes y un después” para la ciudad, al dotar a los melillenses de un instrumento institucional propio dentro de un “régimen singular” que permitió comenzar a vivir la experiencia autonómica, aunque —según ha apuntado— con limitaciones y bajo determinadas tutelas, doce años después de que otros territorios españoles accedieran al pleno autogobierno.
A su juicio, la elección de efemérides históricas y celebraciones debe poner en valor referencias “de primer orden” como la aprobación del Estatuto, ya que marcó el inicio de la Melilla actual, “la moderna y la de las cuatro culturas”. En este sentido, ha criticado al Ejecutivo local del Partido Popular, presidido por Juan José Imbroda, por no conmemorar ni dar mayor relevancia institucional a esta fecha, algo que ha calificado como “un incomprensible error político de calado”.
El diputado de CPM ha recordado que el Estatuto aprobado en 1995 creó un régimen singular que otorgaba a Melilla capacidades similares a las del resto de comunidades autónomas y diferenciadas de la autonomía municipal recogida en el artículo 140 de la Constitución Española de 1978. Sin embargo, ha indicado que resoluciones judiciales posteriores interpretaron el alcance del Estatuto de manera restrictiva, considerándolo un instrumento de carácter más “localista”, lo que, en su opinión, generó inseguridad jurídica y limitó la capacidad de autogobierno de la ciudad.
Ante esta situación, Guerra considera que el Estatuto debe abordarse ahora como punto de partida para una reforma que permita “atar el futuro incierto de Melilla como ciudad española y europea con las máximas garantías”.
En este sentido, ha defendido la necesidad de una modificación que no solo amplíe competencias, sino que también refuerce la democracia interna, garantice los derechos sociales, mejore la calidad institucional y establezca con precisión un régimen económico y fiscal propio “justo y adecuado para Melilla”.
Según ha señalado, 31 años después de la aprobación del Estatuto, la ciudad aún no cuenta con un sistema de financiación que reconozca plenamente su singularidad territorial, su condición de frontera exterior de la Unión Europea y los costes estructurales específicos que afronta.
No obstante, Guerra también ha querido reconocer públicamente la importancia histórica del Estatuto, destacando el contenido de su artículo primero, en el que se afirma que “Melilla, como parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad…”, una referencia que, según ha subrayado, refuerza la pertenencia de la ciudad a España y el arraigo de las diferentes culturas que conviven en ella.
