El PSOE ha solicitado al instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, que aclare si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, lo cual advierte de que sería excesivo y podría acabar en manos de sus adversarios políticos, o solo los relativos a las personas investigadas en la causa, alcance que considera más razonable.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que precise el requerimiento que hizo el pasado miércoles, en el marco de la pieza separada donde investiga los pagos en metálico que el PSOE realizó a su ex secretario de Organización José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García.
El magistrado sospecha que, como apuntó su homólogo en el Tribunal Supremo (TS), Ábalos y Koldo pudieron aprovechar la falta de controles a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales. El fiscal apuntó también a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre «otras irregularidades».
Moreno reclamó «relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos» de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones. El PSOE ve necesario puntualizar si se refiere a «todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el periodo de tiempo» o solo los «vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas» tanto en la AN como en el TS, y «al equipo de la Secretaría de Organización del PSOE».
El partido asegura que colaborará con la Justicia en cualquier caso pero alerta de que, si fuera el primer escenario, habría «graves derivaciones –jurídicas, procesales, personales y de protección de datos»– porque implicaría aportar «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».
«INFORMACIÓN ENORMEMENTE SENSIBLE» EN MANOS DE PP Y VOX
Detalla, en primer lugar, que «una diligencia de tal carácter genérico vulneraría la propia contención de la causa, limitada a investigar unos hechos concretos cometidos por unas personas también concretas», de modo que avisa de que «reclamar todos los pagos –y, con ello, todos los gastos adelantados– podría entenderse (como) prospectiva».
Subraya, además, que supondría revelar datos personales de «innumerables» cargos, trabajadores, afiliados, simpatizantes o «simplemente voluntarios» que indica que «han colaborado adelantando al partido gastos que luego les fueron compensados», lo que el PSOE cree que vulneraría el «deber de confidencialidad y custodia de datos a los que le obliga» la normativa europea.
A ello añade una derivada política. «Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír, nada menos», argumenta.
Al hilo, apostilla que «no se escapa a nadie la gravísima afectación que resultaría de la entrega a otros partidos políticos –incluyendo entidades de extrema derecha– de datos legítimamente reservados que afectan irremisiblemente a la gestión, organización y estrategia política» del PSOE.
A su juicio, «entregar a partidos de la oposición los justificantes de gastos de viajes, traslados, alojamientos y actividades en general de los dirigentes y afiliados del partido durante ocho años no tiene justificación alguna».
«No ayudará al esclarecimiento de los hechos y sí, por el contrario, convertirá este procedimiento en un instrumento en manos de estos partidos para obtener documentación interna del oponente, información reservada y, con ello, hacer una posible utilización política de tal información», enfatiza.
«La preocupación de mi mandante estriba en el inevitable uso externo y partidista que el Partido Popular, Vox o alguno de sus adláteres harán de toda esta información», reitera.
«EL DAÑO SERÁ IRREPARABLE»
Sobre esto, aduce que, a pesar de que toda investigación penal tiene el carácter de secreta, «es notorio que el PP y el resto de las acusaciones hacen caso omiso a esta obligación legal de reserva, y airean en cuantos foros se les alcanzan –incluso el mismo Senado– el contenido de la instrucción».
El PSOE dice que «no tiene ninguna duda de que, caso de entregar la documentación sin ningún tipo de cautela, ésta no tardará en aparecer en los confidenciales al uso, con identificación de nombres de militantes inocentes y anónimos, manoseando públicamente los gastos con los que colaboraron a los fines del partido». «El daño será irreparable: nadie lo reparará, nadie hará nada por repararlo», sostiene.
En consecuencia, plantea que, si finalmente el instructor solicita todos los pagos en metálico en esos años, la información se guarde en una pieza secreta, a la que solo acceden los propios investigadores, el juzgado y la Fiscalía.
«El interés de esta parte en colaborar con la Administración de Justicia, que no admite cuestión ni reserva alguna, es compatible con la honda preocupación de mi representado de que información sensible de su funcionamiento interno y los datos de las personas afectadas llegue a trascender a terceros», recalca el letrado.
