La investigación judicial por el presunto cobro de comisiones a través de contrataciones en la Diputación de Almería señala el «conocimiento y participación» directa del posible entramado que poseía el expresidente de la institución Javier Aureliano García así como el exvicepresidente segundo Fernando Giménez.
A este último se le atribuye ser la persona que propuso adjudicar el contrato de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y otro material sanitario del que habrían obtenido un beneficio por sobrecoste de 945.327 euros.
Así lo recoge el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por el que se ordenó la entrada y registro en las sedes de la Diputación así como en los domicilios particulares y de los negocios vinculados a los investigados, entre los que también figuran el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, su hijo Rodrigo Sánchez y un funcionario de la Diputación.
El documento de 66 páginas al que ha tenido acceso Europa Press señala este contrato adjudicado en abril de 2020, en la fase más aguda de la pandemia por covid-19, como el eje sobre el que gira la investigación, ya que a través del mismo se revela el uso de un «lenguaje encriptado o en clave» empleado por García, Giménez y el exvicepresidente tercero y también investigado Óscar Liria.
EL GRUPO NARANJITO
Los tres mantenían conversaciones particulares y también a través del grupo de Whatsapp ‘Naranjito’ en el que hacían continuas alusiones a términos odontológicos que el juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, ve vinculados a la tramitación de contratos públicos que se gestionaban, al menos desde 2016, en la Diputación.
Así, señala como ejemplo la vez en la que el 11 de junio de 2018 Óscar Liria preguntaba a Javier Aureliano García si había visto «el orden del día» en cuanto a lo que podría ser la junta de gobierno local donde se aprueban las contrataciones, a lo que este le contestaba que «esperaba poder ir al dentista». «Te vas a poder cambiar la piñata entera», le respondía el entonces diputado provincial.
«El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones», expone el instructor, quien señala más de una decena de ejemplos de 2017 en adelante en los que los implicados hablarían supuestamente de ‘mordidas’ mediante comentarios como «me tengo que hacer una limpieza», «necesito empastarme dos o tres muelas», «tengo las muelas picadas» o «sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer», entre otras.
El juez recalca así que el uso de «terminología de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable» relativa a la ortodoncia «en un contexto totalmente desvinculado del anterior, pues el resto de la conversación versa sobre licitaciones públicas en trámite».
UNA MUELA, EL INDICIO «DEMOLEDOR»
En este contexto, el juez señala la existencia de un indicio «demoledor» que simbolizaría «la importancia del papel que ejercía don Javier Aureliano en el entramado delictivo» en el día en el que se firmó el contrato para adjudicar la compra de material sanitario.
En este sentido, señala cómo el entonces presidente de la Diputación remitió al grupo de WhatsApp que mantenía con Giménez y Liria un «emoticono de un diente o muela» a las 20,53 horas del 8 de abril de 2020, es decir, «tan solo tres minutos más tarde de la fecha de firma del Decreto del contrato público de adjudicación».
Cabe recordar que la compra del material sanitario se realizó a la empresa Azor Corporate Ibérica, del investigado y detenido en la primera fase de la trama Kilian López. Dicho contrato, según los investigadores, supuso un sobrecoste del 42,27 por ciento.
La investigación señala que fue Fernando Giménez quien propuso contratar «sin publicidad» con esta mercantil que además carecía de especialización en el ámbito sanitario. Además, recoge que hay indicios de que Kilian López habría realizado entregas de dinero a Liria, quien habría actuado como intermediario en el cobro de comisiones.
Con indicios accesorios, el auto recalca el «interés desmedido» así como la «inquietud y nerviosismo» de García en la consumación del contrato público de adjudicación de material sanitario ante el «incesante intercambio de mensajes» por parte de este y Óscar Liria preguntando por el contrato «¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosismo», le manifestaba el entonces presidente a Liria.
La instrucción también señala el «llamativo» uso de dinero en efectivo por parte de Javier Aureliano García, quien según el informe policial hacía frente a las cuotas hipotecarias en la adquisición de un inmueble mediante «abonos» en cuenta a través de cajeros automáticos.
En esta línea, el juez estima el supuesto «conocimiento y participación» de la hermana de García, a cuyo nombre se encuentra la cuenta bancaria de la que se hacía uso, en lo que podría ser un «delito de blanqueo de capitales» consistente en «reincorporar el tráfico de dinero cuyo origen podría ser ilícito».
Junto con estas transferencias, el juez también apunta el pago en ‘cash’ de elevadas cantidades de 20.000 euros para la compra de una parcela en Rodalquilar, cuyo origen es desconocido ya que la Guardia Civil constató «la inexistencia de retiradas de efectivo en los productos bancarios» del ya expresidente.
En esta misma línea, resulta llamativo al instructor que García adquiriera una vivienda de herencia familiar por completo mediante la compra de su parte a sus hermanos «sin que se hayan localizado movimientos bancarios que justifiquen el abono del 75 por ciento del importe restante».
Con todo ello, el instructor ve sospechas fundadas de que, a criterio policial, existirían operaciones que reflejarían por parte del expresidente y sus hermanos la instrumentalización de la comunidad de bienes García Molina «para canalizar fondos obtenidos de forma ilícita».
SOCIEDADES INSTRUMENTALES
El auto da cuenta además del supuesto uso de sociedades instrumentales Pulconal y OYC Servicios Urbanos para la adjudicación de contratos públicos ligados a varios de los cargos políticos y allegados a los mismos; algo de lo que Javier Aureliano García tuvo «pleno conocimiento, aquiescencia y participación», según el juez.
El juez aprecia una «actividad ficticia y simulada» de ambas en empresas que habrían servido para adjudicar contratos públicos» aprovechando las capacidades que ofrecía el cargo» de Liria y del aún alcalde de Fines.
«Esto implicaría que la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos que constituye el objeto de la presente causa», resume el instructor.
Con ello, incide en la investigación centrada en la empresa Pulconal, en la que Óscar Liria comenzó a tener participación «solo cuatro meses después» de ser nombrado vicepresidente.
Su finalidad, según los investigadores, era ser adjudicataria de contratos públicos y obtener un rédito económico. Así, por supuesta mediación de Liria, al entidad obtuvo 16 contratos públicos «centrando su actividad en la Diputación».
En este punto, las pesquisas apuntan la «connivencia» del jefe de Apoyo Técnico y Maquinaria de la Diputación C.G.S. a quien se atribuye presuntamente haber ayudado a seleccionar empresas e indicarles la oferta económica que debían realizar.
Paralelamente, la investigación también se fija en la mercantil OYC Servicios Urbanos, que estaba controlada por terceras personas que habrían sido interpuestas por el alcalde de Fines y su hijo desde el 1 de septiembre de 2017. La empresa recibió «de forma fraudulenta» hasta 17 contratos públicos de la Diputación y el Ayuntamiento con importes de 1.126.573,97 euros.
