El PP confirma que citará a Santos Cerdán, Alzórriz y «toda la rama navarra» en la ‘comisión Koldo’ del Senado

El PP utilizará su mayoría en el Senado para convocar a varios cargos en la investigación del 'caso Koldo', incluyendo a Santos Cerdán y Ramón Alzórriz, tras un informe de la UCO. Denuncian inconsistencias en las dimisiones.
CERDÁN

El PP ha adelantado que usará su mayoría en el Senado para activar diferentes comparecencias de la «rama navarra» en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’ tras el último informe de la UCO, confirmando que volverá a llamar al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán y al hasta ayer portavoz del PSOE de Navarra Ramón Alzórriz.

Según ha anunciado el PP en un comunicado, la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ también citará de nuevo a la ministra y exconsejera navarra, Elma Saiz, así como a la mujer de Ramón Alzórriz y al consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Óscar Chivite.

«No puede ser que dimita Ramón Alzórriz, número dos de la presidenta de Navarra, porque su pareja trabaje en la empresa de Cerdán y no dimita María Chivite de la presidencia de Navarra que es la que le da a Cerdán al menos 76 millones de euros de todos los navarros», denuncian los ‘populares’.

Coincidiendo con este último informe de la UCO que apunta a Santos Cerdán, el PP ha aprobado recientemente un nuevo plan de trabajo en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’, en la que interrogarán a «toda la rama navarra».

En concreto, están citados, aún sin fecha, Elma Saiz, a la que el PP sitúa como la encargada de «fiscalizar» los pagos en el momento de la adjudicación; el propio Ramón Alzórriz y su esposa; el propio Santos Cerdán; Antxón Alonso, «socio de Santos de Cerdán»; Óscar Chivite, tío de la presidenta María Chivite y consejero de Cohesión Territorial, así como el exconsejero de dicho área, Bernardo Ciriza.

«Todo ellos pasarán por la Comisión de investigación en el Senado y tendrán que someterse a un interrogatorio público con obligación de decir la verdad», advierte el PP.

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