El 2 de septiembre, día en que estaba prevista a celebración del primer Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales, era la fecha límite fijada por el P?P para que el Gobierno socialista remitiera a las Cortes el anteproyecto de ley de Estatuto de Autonomía de Melilla. En caso contrario el consenso autonómico entre el PP, Gobierno y PSOE se rompería. “No daría ni un minuto más de plazo”, advertía Jorge Hernández (PP), que creía que el aplazamiento no estaba motivado por las protestas de Ceuta al escaso techo competencial del estatuto, sino que temía que hubiera sido influido por presiones de Marruecos o desavenencias entre los ministros de Asuntos Exteriores y Administraciones Públicas.
