El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha instado a la agencia europea Frontex a que desarrolle nuevas funciones para actuar más eficazmente contra la inmigración irregular e impulsar una mayor cooperación con los países terceros. Ésta fue una de las propuestas que Fernández Díaz presentó en la Reunión Informal del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI), celebrada ayer en Milán, donde Fernández Díaz pidió prioridad para la financiación y ejecución rápida de las 38 medidas que incluye la Task Force para el Mediterráneo. Las iniciativas incluidas en la Task Force para el Mediterráneo están dirigidas a hacer frente a la inmigración irregular, y están agrupadas en cinco grandes áreas: (1) cooperación con terceros países, (2) programas de protección regional, reasentamiento y refuerzo de las vías legales para entrar en Europa, (3) lucha contra el tráfico, la trata y la delincuencia organizada, (4) refuerzo de la vigilancia en frontera, contribuyendo también al salvamento de vidas en el mar y (5) asistencia y solidaridad con los Estados Miembros con presión migratoria importante.
La Task Force Mediterráneo fue creada por el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior en octubre de 2013 con el objetivo de identificar acciones y medidas operativas a corto plazo en materia de lucha contra la inmigración irregular en el Mediterráneo. España jugó un importante papel en su creación, situándose desde el primer momento a la cabeza de los países de la Unión Europea que demandaban acciones concretas para evitar que tragedias como la acaecida el 3 de octubre frente a la isla de Lampedusa pudieran repetirse.
De hecho, Fernández Díaz lamentó ayer el reciente fallecimiento de 30 inmigrantes en una nueva tragedia en el Mediterráneo.
Los ministros del Interior también analizaron ayer las Directrices Estratégicas sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, aprobadas en el Consejo JAI del pasado 5 de junio antes de la aprobación definitiva del Programa Plurianual para los siguientes 5 años. Asimismo, abordaron cuestiones relativas a la inmigración tanto legal como irregular y la lucha contra el terrorismo y el cibercrimen.
