Melilla se encuentra en un grupo de comunidades que manifiestan no tener detectado un problema estructural, aunque consideran que la red general de cobertura, basada en rentas de integración, ayudas de emergencia y, en algún caso, comedores sociales, es suficiente para atender las necesidades que puedan producirse en este ámbito. Melilla engrosa este grupo junto con Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja, Navarra y el País Vasco, según se desprende del informe anual a las Cortes Generales del Defensor del Pueblo. Según este informe, el efecto de la crisis económica sobre las economías familiares "está siendo extenso y prolongado".
Por ello, se iniciaron actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas para examinar el impacto de la pobreza en la nutrición de los niños, así como para conocer las intervenciones específicas que pudieran estar llevándose a cabo o proyectándose, para garantizar la alimentación básica de los menores que vivan en hogares con privaciones materiales que puedan afectar a su nutrición. En especial, a esta Institución le preocupaba que durante el período de vacaciones escolares, el cierre de los comedores pudiera agravar situaciones de precariedad.
Por último, Melilla, Ceuta, Andalucía, Canarias, Cataluña y Extremadura mantienen programas específicos con enfoques diversos, tales como planes de inclusión, incremento de partidas presupuestarias destinadas a becas de comedor
